El 28 de octubre, una operación policial en el complejo de favelas de Penha, en Río de Janeiro, dejó al menos 121 muertos, incluidos cuatro policías. Es la redada más mortífera en la historia moderna del país. Aunque la orden judicial autorizaba arrestos, no contemplaba una masacre. La escena fue de estilo militar: helicópteros, blindados, fuego cruzado. El Estado entró como un ejército, no como garante de derechos.
LULA ENTRE LA COP30 Y LA SANGRE
Mientras el presidente Luiz Inácio Lula da Silva inauguraba la COP30 en Belém, promoviendo su “transformación ecológica” como legado político, la noticia de la redada lo alcanzaba en pleno vuelo desde Malasia, sin acceso a internet. Su reacción fue tardía y ambigua. Calificó la operación de “desastrosa”, pero su gobierno se mostró paralizado. La escena internacional contrastaba brutalmente con la escena doméstica.
Una encuesta de AtlasIntel reveló que el 55% de los brasileños apoyan la operación, y en Río ese respaldo sube al 62%. La frase “un buen delincuente es un delincuente muerto” se repite en las calles como mantra. La derecha lo sabe: el gobernador Claudio Castro, aliado de Bolsonaro y responsable de la redada, subió 10 puntos en aprobación. La violencia se convierte en capital político.
NARRATIVAS DEL MIEDO, CUERPOS DEL CASTIGO
La favela vuelve a ser el cuerpo sobre el que se inscribe el orden. La brutalidad policial no se oculta: se exhibe, se justifica, se ritualiza. La comunidad queda traumatizada, los niños asustados, las familias rotas. Pero el discurso dominante no es el del duelo, sino el del control. La seguridad se vuelve espectáculo, y el espectáculo, política.
EN SUPREMO ENTRA EN ESCENA
El juez Alexandre de Moraes encabezó una reunión de emergencia en Río con autoridades judiciales y de seguridad. Se investiga si hubo homicidios ilegítimos. La izquierda exige una investigación federal. Pero el gobierno camina con cautela: no puede asumir la autoría de la masacre, pero tampoco puede condenar abiertamente una acción que goza de respaldo popular.
Aunque su aprobación había subido al 33% en septiembre, el incidente amenaza con revertir esa tendencia. Lula apostó su capital político a la agenda climática, pero la sociedad exige respuestas sobre seguridad. El dilema es simbólico: ¿puede un gobierno progresista sostener una narrativa de cuidado mientras el Estado mata en nombre del orden?
EL SALVADOR COMO ESPEJO DISTORSIONADO
Gobernadores conservadores citan a Nayib Bukele como modelo. Celebran su guerra contra las pandillas, aunque implique restringir el debido proceso. En Brasil, la idea de “mano dura” gana terreno. La narrativa de Bukele se exporta como fórmula: miedo, castigo, popularidad. ¿Está Brasil listo para sacrificar derechos en nombre de la eficacia?
La redada no fue solo una operación: fue un acto simbólico. Un ritual de poder que reconfigura el espacio urbano, redefine al enemigo y reactiva el miedo como dispositivo de control. En este teatro, la favela no es territorio: es escenografía. Y el Estado no es garante: es actor armado.
¿QUÉ NARRATIVAS DOMINARÁ?
Lula enfrenta una paradoja: su proyecto de futuro choca con una sociedad anclada en el presente del miedo. La COP30 habla de sostenibilidad, pero las calles exigen castigo. La pregunta no es solo electoral, sino simbólica: ¿puede el Brasil de 2026 imaginar un futuro sin violencia como espectáculo?
