Por Aldo San Pedro
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En México, la brecha entre la ciudadanía y las entidades de la Administración Pública es evidente, no se perciben como facilitadoras de las demandas sociales. Sin embargo, una Reforma Administrativa Burocrática significativa podría cambiar radicalmente esta situación. Esta Reforma transformaría la Administración Pública, simplificando los trámites, eliminando burocracias innecesarias y estableciendo un marco de innovación y actualización continua. De esta manera, se adaptaría a las necesidades cambiantes de la sociedad, promoviendo una relación más fluida y efectiva entre el gobierno y los ciudadanos.
Para entender el número de ordenamientos legales que integran el aparato gubernamental, podemos referirnos a la información pública de la Secretaría de Gobernación. Entre sus facultades está compilar las leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos, acuerdos y disposiciones federales, estatales y municipales, así como establecer un banco de datos correspondiente, con el objetivo de proporcionar información a través de sistemas electrónicos de datos. Según sus registros, existen 313 leyes federales y 604 reglamentos federales. El Poder Judicial de la Federación, a través de su sitio web ‘Servicio de Compilación de Leyes’, menciona que tiene disponible para consulta más de 60,000 ordenamientos federales, estatales y del Distrito Federal.
Actualmente, existen áreas de mejora sobre las cuales se puede trazar un plan que permita al gobierno ser el primero en cumplir con lo que mandata nuestra Constitución y los ordenamientos legales que de ella emanan. La Administración Pública enfrenta retos e inconsistencias. Por ejemplo, el incumplimiento de la Reforma que regula el outsourcing, que entró en vigor el 24 de abril de 2021 y prohíbe la subcontratación de personal. A pesar de ello, aún hay instituciones que contratan servicios de limpieza y vigilancia a través de empresas que establecen relaciones laborales ventajosas con los trabajadores, vulnerando sus derechos.
Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023 del INEGI, solo el 50% de la ciudadanía está satisfecha con los servicios públicos básicos y bajo demanda. El 83.3% de los usuarios tuvo una experiencia satisfactoria en trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos. No obstante, solo el 16.2% de estos trámites se puede realizar en línea. Además, el 83.1% considera frecuente la corrupción, y el 14% la experimentó al interactuar con servidores públicos.
Una gran Reforma Administrativa Burocrática debería poner fin al ‘elefante reumático’, analogía con la cual el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha descrito el estado de la Administración Pública. Esta metáfora ilustra la lentitud, ineficiencia y resistencia al cambio que se percibe en las estructuras gubernamentales. Estas continúan aletargando el desarrollo del país mediante un exceso de leyes, códigos, reglamentos, normas, disposiciones administrativas, decretos, acuerdos, jurisprudencias, circulares, lineamientos y manuales. En lugar de clarificar los procesos y facilitar la relación estado-ciudadanía, generan cargas excesivas, sobrerregulación y altos niveles de corrupción.
Las instituciones públicas deben basarse en un modelo de alto rendimiento que priorice sistemas de evaluación con indicadores de desempeño enfocados en la eficacia y eficiencia. Deben incluir la mejora continua, la actualización, la innovación y el desarrollo como parte integral de su naturaleza. El objetivo será mejorar la gestión pública, orientándola a obtener un mayor grado de responsabilidad, transparencia y colaboración, con apertura a las necesidades que demanda la sociedad.
Se debe buscar agilizar los tiempos de respuesta sobre trámites y servicios gubernamentales, implementar tecnologías en el manejo de la información para reducir costos y realizar procesos de dictaminación mediante herramientas que garanticen la imparcialidad y el rigor analítico uniforme en cada determinación. El Segundo Piso de la Cuarta Transformación debe continuar con la visión de hacer más y mejor con menos. Si bien se han corregido grandes fugas donde se desperdician recursos públicos, esta Reforma permitirá tapar las pequeñas fugas que aún persisten, donde existe un uso desmedido de recursos económicos aplicados de manera ineficiente, haciendo que los procesos internos del gobierno tengan costos muy por encima de su valor real, considerando que actualmente disponemos de herramientas y sistemas que podrían generar economías significativas.
Las Secretarías e Instituciones de la Administración Pública Federal deben priorizar actividades que generen alto valor. Estas actividades deben basarse en las causas y objetivos que justificaron su creación. Estas acciones deben generar beneficios sociales tangibles para la ciudadanía.
Cuando menciono una gran Reforma Administrativa Burocrática y las implicaciones históricas favorables que tendría para nuestro país, también pienso en la nueva presidenta electa de México, la Doctora Claudia Sheinbaum. Podría encontrar en este ambicioso proyecto un símil de lo que México vivió con la entrada en vigor de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE), coloquialmente conocida como ‘la gran Reforma de 1977’, creada bajo el liderazgo de Jesús Reyes Heroles. Él, consciente del entorno de malestar social y político que nuestro país vivió en la década de los 60 y principios de los 70, dejó claro que era necesario transformar el sistema político mexicano para evitar mayor polarización y conflicto.
Reyes Heroles era un firme creyente en la necesidad de modernizar y democratizar el sistema político mexicano. Para lograrlo, buscó un consenso político que permitiera la aprobación de la LFOPPE. Este proceso involucró negociaciones con diversos actores políticos, incluyendo miembros de la oposición y del Partido Revolucionario Institucional, partido hegemónico en ese tiempo. La coyuntura política actual ofrecerá al gobierno de la Doctora Claudia Sheinbaum la posibilidad de replicar aquel modelo, modernizar el sistema burocrático de nuestro país y arrebatarle el control de las Instituciones públicas a la clase política para entregárselo a las personas.
En una segunda entrega sobre este importante tema, compartiré cómo lograr materializar esta Reforma. También hablaremos sobre los beneficios que traerá, los cuales, se lo adelanto, podrían culminar en la generación de programas sociales para adultos mayores y personas en situación vulnerable en materia de trámites y servicios que entrega el Gobierno Federal.
