Por Gerardo Vega Skorlich
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En el libro “Seguridad México”, describo que existen cuatro fases en la seguridad pública; ya se ha hablado sobre prevención del delito y, en esta ocasión, corresponde el tema de la procuración de justicia, la cual corresponde a los órganos de los poderes ejecutivos federal y estatales a través de las fiscalías o procuradurías generales. Su tarea, con el auxilio de la policía investigadora y los peritos, es la de investigar un hecho delictivo y recabar todos los elementos de prueba tendentes a acreditar su existencia y quién o quiénes pudieron haber participado o intervenido en ese hecho.
En esta fase, la participación de la sociedad es muy importante; cualquier persona que se convierte en víctima de un delito, por haber sido dañado o puesto en peligro cualquiera de sus derechos o bienes, llámese su vida, integridad física, libertad, patrimonio, entre otros, debería de asumir el compromiso de denunciar; sin embargo, la realidad es que pocas son las que lo hacen, ya sea por temor, desconocimiento o, simplemente, para evitar el mal trato que reciben por parte de los servidores públicos encargados de atenderlos.
Algunas personas, lamentablemente, han experimentado miedo al presentarse ante un Ministerio Público o a un policía; no encuentran un verdadero apoyo en las instituciones; en muchas ocasiones, se les revictimiza e, incluso, señalan que se les trata como si ellos fueran los delincuentes o que están acusando sin ninguna base con el único propósito de perjudicar a alguien.
Se debe trabajar para cambiar esa actitud y recuperar la confianza autoridad-sociedad, pues, además, hay que considerar que, en toda denuncia o querella, resulta relevante que se aporte la mayor información con que se cuente alrededor del hecho ilícito: circunstancias de tiempo, lugar y modo, lo cual contribuye al éxito de la investigación y, por supuesto, a la persecución y detención de la persona que sea señalada como autor o partícipe de ese hecho.
La carpeta de investigación no debe sólo reflejar un cúmulo de ordenes de actos de investigación, sino estar integrada con verdaderos elementos de prueba, resultado de éstos, que permitan al Ministerio Público ejercer acción penal en contra de la persona (s) que tanto lastiman a la sociedad, a fin de que se cumpla con uno de los objetos del proceso penal: una reparación del daño integral a las víctimas.
La etapa de investigación, en la que tiene lugar la gran labor que corresponde a las procuradurías o fiscalías, como parte del procedimiento penal, sin duda, es determinante para el éxito de éste; sin embargo, identifico que existen dos razones principales por las que este no se logra; en primer lugar, porque no se tienen los suficientes fiscales, policías investigadores y peritos para poder atender el gran número de delitos que se cometen y se denuncian y, en segundo lugar, porque el personal que debe realizar la función de investigación carece de profesionalismo, vocación y tecnología para realizar sus actividades, además de que, en muchas ocasiones, les asignan otras funciones como lo es prevenir el delito o atender a la ciudadanía, razones que hacen que aquélla se vuelva lenta y deficiente. Muchos de los servidores públicos no tienen un concepto claro de lo que se requiere para investigar un delito.
Es quizá que por estas razones y otras como el maltrato, que la sociedad decide no denunciar los delitos que se cometen contra su persona; aun en cierto tipo de hechos en los que se tiene la necesidad de realizar la denuncia para poder cobrar los seguros de los bienes que les fueron sustraídos, a veces, prefieren no hacerlo.
Ante ello, es necesario y urgente que se conforme una política de estado en materia de seguridad pública y se establezca la profesionalización de las fiscalías, procuradurías y policías investigadoras; que se generen más puestos, mayor tecnología y grupos de tiempo completo; que no se tome como base la información que generen las policías preventivas de la federación (GN), estatales y municipales, ya que a ellos les corresponde atender la prevención del delito.
Como sociedad debemos cumplir con nuestra obligación constitucional de denunciar los delitos que se comentan en agravio de nuestra persona o bienes, ya que de esta forma se obligará a la federación y los estados fortalecer las fiscalías o procuradurías y que éstas atiendan y guíen a la sociedad durante toda la etapa de investigación, evitando ser agredida, sobajada o insultada, ya que es obligación de ellos aplicar la ley, porque son los que conocen los procedimientos y protocolos para generar certeza jurídica y llevar a cabo la investigación y procuración de justicia.
Generar certidumbre a la sociedad para denunciar es una responsabilidad directa de las fiscalías o procuradurías de la federación y de los estados, son ellos los que deben cambiar formas, métodos y mecanismos para que la sociedad tenga confianza en ellos; debemos visualizar oficinas de los ministerios públicos abiertas, limpias, ordenadas y debidamente identificadas para sentir ese deseo de acercarse a ellos, debemos cambiar esa imagen de lugares sucios; la forma es importante para que la sociedad se sienta segura de llegar con una autoridad que le va a resolver su problema.
Asimismo, los agentes de la policía investigadora responsables de realizar todas las acciones tendentes a recabar elementos de prueba deben estar perfectamente identificados para que la sociedad asuma una confianza ante ellos, ya que no es lo mismo realizar la investigación donde se requiere discreción y la atención que se le debe brindar directamente a la sociedad.
Cambiar estas formas no deberá ser difícil si existe voluntad del gobierno para recuperar la confianza de la sociedad, porque sólo son formas, economías y profesionalización del personal; si además fortalecemos el tema de la prevención del delito, los delitos que se cometan se verán disminuidos y a través de ello esta fase se optimizará, porque habrá un menor número de denuncias que se deban atender; de ahí que el personal de seguridad pública debe trabajar en forma coordinada con la sociedad.
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