Por José García Sánchez
X: @Josangasa3
El papá del indicado señala que al no haber delito grave que perseguir debería la justicia permitir que Miguel Ángel Yunes Márquez, tomara posesión como senador; sin embargo, entre uno de los delitos del delincuente electoral está el de utilizar documentos falsos, falsedad ante la autoridad y fraude al momento de intentar registrarse como candidato a la alcaldía de Veracruz en el proceso electoral de 2021.
Es decir, cómo permitir que tome posesión en un proceso donde hay mentiras, dolo, engaños y trampas de su parte. Sobre todo, se trata de un fraude a la sociedad, a la investidura y a la democracia.
Los Yunes estaban acostumbrados a imponer su voluntad en todo Veracruz, como los hacendados de hace más de 100 años, eran dueños de vidas y sólo les quedan las haciendas, que no sin pocas. La mayoría obtenidas de forma ilegal.
Los Yunes fueron los impulsores de la guerra sucia contra la gobernadora, crearon delitos, le denunciaban penalmente por situaciones imaginadas y ya sumadas argumentaban que era la candidata a ese cargo con mayor número de delitos en la historia de Veracruz. Como si se tratara de cosa juzgada, de hechos consumados, de delitos comprobados.
Si hubo algún veracruzano que por cualquiera causa prefirió votar por pepe Yunes, éste con sus aliados, echó a perder la buena voluntad y manchó a sus seguidores con la complicidad de la guerra sucia. Ahora todos, justos y pecadores, quienes votaron por el mediocre ex presidente municipal de Perote, están implicados en una guerra sucia que nunca debió suceder.
Ahora en Veracruz la gente que esté descontenta con Morena o con la gobernadora, pensará dos veces expresarlo y no por temor a represalias de la autoridad morenista sino porque será confundido con instrumentos de la guerra sucia que no es sólo antidemocrática sino un verdadero delito grave que se castiga con cárcel. Ante esta realidad Arturo Castagné debe ser investigado y detenido, pero no sólo él también quienes financiaron la guerra sucia, es decir los Yunes, incluyendo al propio candidatito y quienes lo difundieron a sabiendas de que era mentira los columnistas de Xalapa y la Ciudad de México que recibieron dinero para darle espacios al improvisado investigador que sólo supuraba odio ante la entonces candidata a la gubernatura.
A esto se añade otro temor, que periodistas honestos, limpios de toda consigna al denunciar alguna anomalía cuando entre en funciones Rocio Nahle sería incluido, automáticamente, entre los periodistas mercenarios que con dolo y conocimiento de que mentían, cuestionaban la honradez de la entonces candidata. Los reporteros pueden tener pruebas de que hay desvíos, corruptelas o algún tipo de alteraciones de la honestidad, pero carecerán de credibilidad gracias a los mercenarios que participaron en la guerra sucia, que deben ser no sólo señalados con nombre y apellidos sino con cárcel. Ya que lo que hicieron está muy lejos de ejercer el derecho a la información y a miles de kilómetros de distancia de la libertad de expresión.
En México cualquier persona es susceptible de ser señalado como operador o responsable de la guerra sucia, de delitos electorales menos los periodistas, que en este sentido gozan de una inexplicable impunidad.
La guerra sucia, sin precedente en el país, en Veracruz echó a perder, incluso la participación social de la oposición que se verá temerosa de car en las trampas de las mentiras orquestadas para confundir a la población, porque cuentan con el dinero suficiente para comprar medios y columnistas dedicados a que la gente crea sus mentiras.
