En un fallo significativo, la jueza décimo novena de distrito en Veracruz, Nancy Juárez Salas, ordenó a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y al titular del Diario Oficial de la Federación (DOF), Alejandro López González, eliminar la publicación de la reciente reforma judicial en un plazo de 24 horas.
La resolución judicial responde a la suspensión provisional que había sido emitida el 15 de septiembre, en la cual se prohibía la publicación de dicha reforma.
Sin embargo, la Presidencia no acató la orden, lo que motivó la emisión de la suspensión definitiva por parte de la jueza el 20 de septiembre.
DE NO SER ATENDIDA SE PROCEDERÁ AL MINISTERIO PÚBLICO
La jueza Juárez Salas advirtió que, en caso de incumplimiento de esta nueva resolución, se dará vista al Ministerio Público de la Federación, ya que el desacato a una suspensión judicial constituye un delito federal.
Según la Ley de Amparo, el artículo 262 establece penas que van desde tres hasta nueve años de prisión, así como la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
#Ahora| La jueza Nancy Juárez Salas otorga suspensión definitiva contra la reforma judicial.
Ordena a la presidenta @Claudiashein y al @DOF_SEGOB a que en un plazo de 24 horas eliminen la publicación de la Reforma.
Además apunta que, de no cumplirse la suspensión, dará vista… pic.twitter.com/KKn1gdnFsq
— Braulio Luna (@brauliolunan) October 17, 2024
El conflicto surge en el contexto de la publicación de la reforma judicial firmada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 15 de septiembre, en un acto público junto a Sheinbaum.
INTENTA PRESIONAR A LA PRESIDENTA Y AL DOF
Pese a las advertencias legales y la suspensión judicial, la reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, lo que ahora pone a Sheinbaum y a López González bajo presión judicial para revertir la publicación en las próximas 24 horas.
La posibilidad de impugnar la orden ante tribunales colegiados sigue abierta, aunque las consecuencias de no cumplir con la orden judicial podrían ser graves para las autoridades involucradas.
Este caso pone de relieve las tensiones entre los poderes ejecutivo y judicial en un momento clave de transición política en México, mientras el gobierno de Sheinbaum busca afianzar su control sobre el Poder Judicial y llevar adelante reformas de gran alcance.
