Un joven de 21 años perdió la vida tras ser brutalmente golpeado dentro del centro de rehabilitación “Mahanaim”, ubicado en la colonia Guadalupe Tepeyac, alcaldía Gustavo A. Madero. Las autoridades han detenido a tres personas por su presunta participación en el crimen, el cual ha generado conmoción entre vecinos, familiares y colectivos de derechos humanos.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), tres hombres llegaron al domicilio del joven, lo golpearon y lo subieron a la fuerza a un automóvil gris conocido por internos como la “patrulla espiritual”. Posteriormente, fue trasladado al anexo, donde testigos aseguran que se escucharon gritos desde el dormitorio número uno alrededor de las 4:00 a.m.
Minutos después, el silencio fue interrumpido por pasos apresurados. Al notar la gravedad del estado del joven, el encargado del centro solicitó ayuda médica, pero cuando los paramédicos arribaron, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
DETENCIONES, CLAUSURA Y PERITAJE
En el lugar fueron detenidos dos hombres de 24 y 26 años, presuntos agresores, y un tercero de 38 años, trabajador del centro. El automóvil en el que trasladaron al joven fue hallado con manchas de sangre y una cobija roja impregnada.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México clausuró el anexo para continuar con las investigaciones. Peritos trabajaron por más de una hora en la recolección de evidencias, antes de trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense.
La madre de la víctima reconoció el cuerpo entre lágrimas. Otros familiares exigieron justicia en el lugar, mientras decenas de internos abandonaron el inmueble con sus pertenencias.
Desde las ventanas del tercer piso, varios pacientes realizaron la señal internacional de auxilio, lo que podría evidenciar una situación de violencia sistemática dentro del centro.
POSIBLE RED DE ABUSO Y NEGLIGENCIA
Aunque la investigación principal se dirige hacia un homicidio doloso, la Fiscalía también analiza posibles abusos y omisiones continuas en el anexo. Vecinos denunciaron que las cámaras de seguridad no funcionan desde hace meses, lo que complica la recolección de pruebas clave.
Colectivos de derechos humanos y familiares de personas anexadas han exigido una supervisión más estricta y la regulación efectiva de estos centros, muchos de los cuales operan sin lineamientos claros ni vigilancia oficial.
