La exalcaldesa de Izúcar de Matamoros, Irene Olea Torres, deberá comparecer el próximo lunes 9 de junio ante un juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal de Puebla. Está imputada por el delito de falsedad en declaraciones e informes rendidos a la autoridad, dentro de una investigación que ha visibilizado uno de los casos más graves de violaciones a derechos humanos en el estado.
El proceso judicial tiene como eje la detención arbitraria, tortura y abuso sexual contra las hermanas Natalie y Michelle Hoyos López, periodistas del medio Enlace Noticias e integrantes de la colectiva feminista Marea Púrpura. Los hechos ocurrieron la noche del 10 de marzo de 2023, tras una cobertura pacífica de la jornada del 8M.
Ambas fueron arrestadas sin motivo aparente por policías municipales, llevadas a una subcomandancia y sometidas a tratos crueles e inhumanos, según sus testimonios. Una de las víctimas denunció que los agresores actuaban “por órdenes de la jefa”, en referencia directa a la entonces alcaldesa Irene Olea.
LA AUDIENCIA: FORMALIZACIÓN DE IMPUTACIÓN
La audiencia del 9 de junio está programada a la 1:15 p.m., y quienes no acudan con al menos media hora de antelación serán sancionados con 30 UMAs, equivalentes a $3,394.02, conforme al artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
En esta ocasión, se abordará la segunda línea de investigación del caso: el presunto encubrimiento de los hechos mediante falsificación de documentos oficiales. Esta carpeta involucra a 11 personas, entre ellas varios exfuncionarios de alto nivel del gobierno de Irene Olea.
IMPLICADOS Y PRÓFUGOS EN EL CASO
La primera línea de investigación continúa activa con órdenes de aprehensión contra seis personas actualmente prófugas: cuatro policías, una mujer policía y un juez auxiliar. Se les acusa de abuso de poder, tortura sexual y violación a derechos humanos, todos con agravantes de violencia de género.
En julio de 2024, estas personas fueron beneficiadas con medidas cautelares no privativas de la libertad, decisión que fue apelada por la Fiscalía General de la República. El tribunal de apelación del Sexto Circuito revocó la decisión e impuso reclusión inmediata, argumentando riesgo de fuga y amenaza para las víctimas.
UN PROCESO SIN PRECEDENTES EN PUEBLA
La comparecencia de Irene Olea representa un hecho inédito: rara vez una exalcaldesa ha sido llamada a rendir cuentas ante un juez federal por delitos relacionados con el uso ilegítimo del poder contra mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos.
Organizaciones como Artículo 19 y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos consideran que este proceso puede marcar un precedente crucial en la rendición de cuentas de autoridades locales.
Este lunes 9 de junio será clave. Por primera vez, una autoridad municipal de primer nivel en Puebla deberá responder ante un juez federal por su presunta participación en un esquema de violaciones graves a los derechos humanos. Más allá de las sanciones penales, el proceso pone a prueba la capacidad del sistema judicial mexicano para enfrentar el uso del poder público como herramienta de represión.
Con Información de Enelace Noticias Puebla
