Este miércoles marcó el comienzo de una media jornada de huelga general en Argentina, convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y respaldada por partidos políticos, organizaciones sociales y de derechos humanos, entre otras entidades. Este acontecimiento representa el primer gran pulso entre el sindicalismo argentino y el Gobierno liderado por Javier Milei.
La medida, que abarcó desde las 12:00 h hasta las 00:00 h hora local, fue organizada por la principal central sindical del país, de orientación peronista, como respuesta a las reformas impulsadas por el Ejecutivo ultraliberal.
Estas reformas buscan desregularizar la economía y transformar la estructura del Estado de manera significativa.
A pesar de que el transporte público continuó operando hasta las 19:00 h local, dando la impresión de normalidad en las calles de Buenos Aires, desde tempranas horas de la mañana, decenas de miles de personas se congregaron en los alrededores de la Plaza del Congreso, el epicentro de la movilización convocada por la CGT.
Tanto la Policía de la Ciudad de Buenos Aires como fuerzas federales participaron en el operativo, siguiendo el protocolo “antipiquetes” implementado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Este protocolo inicialmente impide que la marcha interrumpa el tráfico.
https://twitter.com/JoseValdezSV/status/1750211780972847311
Se llevaron a cabo reuniones entre el sindicalismo y las autoridades locales con el objetivo de evitar disturbios o altercados, resultando en un plan para el despliegue ordenado de las diferentes columnas de las agrupaciones participantes hasta el lugar donde la CGT realizará su discurso, programado para alrededor de las 14:30 h local.
Pancartas de diversos colectivos y banderas argentinas dieron color a una jornada que, hasta el momento, ha transcurrido sin incidentes significativos.
Esta es la primera huelga general convocada en Argentina desde el 29 de mayo de 2019, durante el mandato del centroderechista Mauricio Macri, quien tuvo cinco huelgas generales durante su gestión.
Bajo la administración del peronista Alberto Fernández, a pesar de las cifras socioeconómicas alarmantes, como una inflación anual del 211.4 por ciento y un 40 por ciento de pobreza, no se convocó ninguna huelga general.
Mes y medio después, la protesta se centra en el decreto de necesidad y urgencia (DNU), en vigor desde el 29 de diciembre y aún sujeto a amparo judicial en varios puntos, así como en el proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que obtuvo la aprobación de las comisiones, permitiendo su avance al debate en la Cámara de Diputados
