La diputada Diana Rangel Zúñiga, integrante de la fracción legislativa de Morena, presentó ante el Congreso del Estado de Hidalgo una propuesta de reforma constitucional denominada Igualdad Sustantiva Perpetua. Su objetivo es garantizar justicia social y saldar la deuda histórica que la democracia mantiene con las mujeres, especialmente en el acceso a cargos de elección popular de mayor poder político.
AVANCES EN PARIDAD DE GÉNERO
México ha logrado progresos significativos en materia de paridad gracias a reformas constitucionales, legales y políticas públicas que buscan eliminar brechas históricas. El marco jurídico nacional reconoce el derecho de las mujeres a ser votadas en condiciones de igualdad sustantiva, como lo establece el artículo 35 de la Constitución, reforzado por el artículo primero que obliga a todas las autoridades a garantizar los derechos humanos bajo principios de igualdad y no discriminación.
OBSTACUOS PERSISTENTES
A pesar de los avances normativos, la iniciativa advierte que en la práctica persisten barreras estructurales que impiden a las mujeres acceder en condiciones reales de equidad a cargos unipersonales de mayor poder político. En Hidalgo, la exclusión es evidente: en más de cien años de historia constitucional, nunca ha existido una mujer gobernadora.
REFORMA AL DECRETO 480
El decreto vigente establece que el periodo de gobierno de 2028 sería de solo dos años, lo que implicaría que la primera mujer en ocupar la gubernatura lo haría bajo un mandato recortado, mientras que en 2030 un hombre podría gobernar por seis años completos. La iniciativa considera esta situación injusta y contraria al espíritu de paridad.
PROPUESTA LEGISLATIVA
La diputada plantea reformar el artículo 62 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y modificar el artículo cuarto transitorio del Decreto 480, para que la persona electa en 2028 ejerza un mandato de cinco años, del 5 de septiembre de 2028 al 4 de septiembre de 2033.
Diana Rangel Zúñiga subraya que la paridad no debe entenderse como un favor, sino como una deuda democrática que debe saldarse para construir un Hidalgo más justo, equitativo e incluyente.
