Por Aldo San Pedro
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En este 2025, mexicanas y mexicanos seremos testigos de un hecho inédito en nuestra historia democrática: por primera vez, las personas que habrán de impartir justicia desde los tribunales federales serán elegidas mediante el voto ciudadano. Esta decisión no surge de una coyuntura política ni de un capricho electoral, sino de una transformación profunda en la arquitectura institucional del país. Se ha diseñado una nueva ingeniería política para que la justicia deje de ser una torre de marfil y comience a construirse desde la legitimidad social. Aquí no se trata de ganar por simpatía, sino de representar, con rigor y legalidad, el principio de justicia con rostro humano.
Desde el primer día de campaña, se establece un sistema de control normativo que encierra, en sí mismo, una operación técnica de alta complejidad. La primera fase —el Sistema Conóceles— es un filtro de visibilidad pública, pero bajo condiciones estrictas de legalidad. Quienes aspiran a una judicatura deben registrar su perfil profesional de manera verificable, completa y objetiva. No se permite el lenguaje emocional ni las promesas sin sustento: las y los candidatos deben presentar su experiencia, sus ideas y su visión de la función jurisdiccional con sobriedad. Cualquier intento de autopromoción, desviación ideológica o simulación informativa es causa directa de observación o sanción. No se trata de convencer con discursos, sino de informar con responsabilidad.
A lo largo del proceso, cada peso ejercido será fiscalizado bajo el principio de trazabilidad absoluta. El Mecanismo Electrónico para la Fiscalización de Personas Candidatas a Juzgadoras (MEFIC) obliga a registrar ingresos y egresos en tiempo real, adjuntando documentos, contratos, facturas y comprobantes. No se permite el patrocinio encubierto, el efectivo fuera de norma ni los servicios sin respaldo. Rebasar los topes de gasto no sólo es un error contable: es una violación grave que puede cancelar una candidatura. Desde el punto de vista técnico, la campaña judicial es también una auditoría operativa en movimiento, en la que toda omisión equivale a una falla estructural.
En paralelo, se delimita con precisión quirúrgica lo que puede y no puede hacerse durante la campaña. Las entrevistas están permitidas, pero sin pago alguno y limitadas a temas técnicos. Los foros deben registrarse previamente, documentarse y mantenerse en condiciones de equidad. Los eventos masivos, los espectaculares, los volantes y cualquier forma de propaganda quedan prohibidos. Incluso los actos privados deben cuidarse con detalle: entregar bolígrafos, tazas o alimentos durante una reunión informativa puede implicar una infracción si no está registrada como gasto y justificada como actividad. Aquí, el exceso de entusiasmo no es virtud: es riesgo jurídico.
En este contexto, las redes sociales se convierten en una herramienta de doble filo. Están permitidas, sí, pero dentro de un marco de uso específico: sin publicidad pagada, sin segmentación, sin algoritmos de promoción. Cada cuenta debe estar registrada, cada publicación sujeta a revisión, cada mensaje limitado al lenguaje técnico. Frases como “vamos a ganar” o “soy la única opción” no sólo son inapropiadas: son ilegales. Las plataformas digitales no se convierten en escenarios de campaña, sino en vitrinas informativas, cuya utilidad se mide no por los likes, sino por el cumplimiento normativo. El error de un post puede costar toda la candidatura.
Al llegar a la veda electoral, se impone el silencio como ejercicio democrático. Desde el 30 de mayo, queda prohibido publicar, hablar, agradecer o insinuar. Las y los aspirantes deben retirarse del escenario público y respetar el derecho de la ciudadanía a reflexionar sin presiones. Incluso los contenidos programados, las transmisiones en vivo o los actos realizados por terceros pueden constituir violaciones indirectas. Esta etapa no es un descanso: es una prueba final de disciplina, de respeto a las reglas y de madurez institucional.
La jornada electoral del 2 de junio no demanda movilizaciones, ni estructuras territoriales, ni brigadas de convencimiento. Solo exige que cada persona votante llegue informada y en libertad. Quien aspire a ser electa o electo debe actuar con mesura, cuidar sus expresiones, abstenerse de comentarios, publicaciones o celebraciones anticipadas. El protagonismo corresponde a la ciudadanía, no a quienes están en la boleta. Ese día, el silencio será el acto más elocuente de una campaña bien conducida.
Posteriormente, viene el cierre contable. Independientemente del resultado, toda candidatura debe entregar un informe único de gastos con evidencia documental, firma electrónica y congruencia interna. La omisión o el error no serán tolerados. No se trata de justificar lo hecho: se trata de probar que todo se hizo conforme a derecho. Aquí, la campaña termina como empezó: con una hoja de cálculo, no con un mitin; con un dictamen técnico, no con una portada de revista.
Para que una candidatura judicial sea realmente competitiva, no basta con cumplir en lo esencial: debe anticipar riesgos, establecer controles internos y operar con estándares de excelencia jurídica. Errores como registrar mal el perfil en Conóceles, omitir actividades en MEFIC o publicar contenido indebido en redes sociales pueden parecer menores, pero acarrean consecuencias graves, desde sanciones económicas hasta la cancelación del registro. Por ello, cada campaña debe organizarse como un equipo técnico especializado, con responsables claros en fiscalización, comunicación y actividades públicas. Monitorear cada acción, revisar cada publicación y actuar con sobriedad no son sugerencias: son condiciones mínimas para construir una candidatura jurídicamente blindada. Así, no solo se aspira al cargo, se demuestra que se está listo para ejercerlo con integridad desde el primer día.
Cada fase del proceso —registro, visibilidad, fiscalización, actividades públicas, comunicación digital, cierre financiero— forma parte de una arquitectura electoral diseñada para garantizar que quien obtenga el respaldo ciudadano, lo haga en condiciones de legalidad plena. Una campaña eficaz no se mide únicamente por su alcance o su creatividad, sino por su capacidad para cumplir al 100% con el marco normativo, generar confianza en los órganos fiscalizadores y transmitir una imagen pública coherente con el ideal de independencia judicial. Porque al final, la verdadera victoria será de la justicia, cuando la ciudadanía vea reflejada en sus juzgadoras y juzgadores a personas capaces, honestas y comprometidas con el bien común.
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