Por Aldo San Pedro
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En la historia reciente de México, cada sexenio ha traído consigo una nueva visión del desarrollo nacional, plasmada en los respectivos Planes Nacionales de Desarrollo (PND). Sin embargo, la verdadera prueba de su impacto no radica en la claridad de sus objetivos ni en la ambición de sus promesas, sino en su ejecución efectiva. El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, encabezado por la administración de Claudia Sheinbaum, representa un punto de inflexión: un intento por consolidar los avances de la Cuarta Transformación con una estructura más técnica y orientada a resultados. ¿Podrá este PND trascender la planeación y convertirse en una hoja de ruta eficaz para la Administración Pública Federal (APF)?
El PND 2025-2030 se presenta como un documento estructurado, basado en ejes generales, transversales y un modelo de gestión gubernamental que incluye la integración de 14 Repúblicas sectoriales. A diferencia de su predecesor, que priorizaba una narrativa de ruptura con el pasado, este plan incorpora mecanismos de evaluación y seguimiento con el objetivo de garantizar la ejecución efectiva de sus políticas. En teoría, este modelo busca optimizar la gestión gubernamental, pero su éxito dependerá de la capacidad del gobierno para traducir sus lineamientos en acciones concretas y medibles. Además, este PND refuerza el papel del Estado en la economía, manteniendo la rectoría sobre sectores clave mientras promueve la inversión privada en áreas estratégicas.
Uno de los elementos innovadores de este PND es la creación de 14 Repúblicas sectoriales, un esquema de planeación que busca mejorar la coordinación entre dependencias y evitar la duplicación de funciones. Estas incluyen la República de la Soberanía Energética, que promueve la transición hacia energías limpias, y la República con Trabajo y Salario Justo, orientada a fortalecer el mercado laboral y la formalización del empleo. También se destacan la República del Bienestar, que se enfoca en la reducción de desigualdades sociales mediante programas sociales más eficientes, y la República de la Innovación y el Conocimiento, que busca acelerar el desarrollo científico y tecnológico. Este modelo busca transformar la administración pública en un sistema más eficiente y con mayor capacidad de respuesta a los desafíos del país.
El PND 2025-2030 está compuesto por tres ejes generales, tres ejes transversales y la estructura de las 14 Repúblicas sectoriales, estableciendo prioridades en materia de bienestar social, crecimiento económico y sostenibilidad ambiental. Además, el documento presenta un conjunto de indicadores clave para el monitoreo del cumplimiento de sus objetivos, una estrategia de financiamiento para garantizar la viabilidad de los proyectos y mecanismos de coordinación interinstitucional. Se detalla un enfoque basado en el fortalecimiento de la participación ciudadana y el acceso a la información para mejorar la transparencia y rendición de cuentas.
Las fortalezas del PND 2025-2030 son evidentes. Su énfasis en la digitalización de la administración pública, la transición energética y la innovación tecnológica representan avances significativos en la modernización del Estado. La incorporación de un esquema estructurado de planeación con metas más precisas permite una mejor coordinación entre dependencias, lo que podría evitar la dispersión de recursos y mejorar la eficiencia en la ejecución de programas gubernamentales. Además, la continuidad de los programas sociales con un enfoque en movilidad social y evaluación de impacto refuerza la visión de justicia social y desarrollo sustentable. Asimismo, se plantea una mayor integración de la educación con el sector productivo, buscando una formación profesional más alineada con las necesidades del mercado laboral.
No obstante, los retos no son menores. La implementación del PND en la APF requerirá ajustes normativos y administrativos significativos, desde la alineación presupuestaria hasta la capacitación del personal gubernamental en las nuevas estrategias de gestión. Se requiere la revisión de la Ley de Planeación para integrar el nuevo modelo de las 14 Repúblicas, así como modificaciones en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para garantizar un financiamiento adecuado sin afectar la estabilidad fiscal. Asimismo, se establece la necesidad de una Plataforma Digital de Seguimiento, que permita evaluar el cumplimiento de los objetivos y proporcionar reportes trimestrales. Sin estos cambios, la operatividad del plan podría verse comprometida y, en el peor de los casos, quedar en el papel.
La comparación con el PND 2019-2024 permite identificar un cambio en la narrativa política y en las prioridades estratégicas. Mientras que el plan anterior se centró en una visión de transformación radical, el nuevo PND busca consolidar los logros previos con un enfoque más pragmático. La evolución del papel del Estado en la economía es notable: se mantiene el modelo de Economía Moral, pero se integra una mayor apertura a la digitalización y al desarrollo tecnológico como motores del crecimiento. Este enfoque híbrido refleja la necesidad de adaptar la estrategia gubernamental a un contexto económico y global en constante cambio. También se observa un esfuerzo por mejorar la relación con sectores productivos, fomentando la participación del sector privado en proyectos de infraestructura y desarrollo industrial.
Las proyecciones del PND 2025-2030 son optimistas. Si se implementan correctamente, las políticas de diversificación productiva, la inversión en energías renovables y la modernización del aparato gubernamental podrían generar un crecimiento sostenido y mejorar la competitividad del país. Sin embargo, se deben considerar factores externos que podrían afectar su ejecución, como la incertidumbre en la economía global, los riesgos geopolíticos y los desafíos climáticos. Además, la relación con el sector privado será clave para atraer inversiones estratégicas en manufactura avanzada y electromovilidad. La estabilidad fiscal y la capacidad del gobierno para garantizar certidumbre en la inversión jugarán un papel determinante en el éxito del plan.
El reto no radica solo en la formulación del plan, sino en su implementación real en un entorno económico y político cambiante. Factores como la estabilidad fiscal, la relación con el sector privado y la transparencia en su ejecución serán determinantes para evitar que el PND se convierta en una hoja de ruta ambiciosa sin impacto tangible. Su viabilidad no solo está en el diseño, sino en la capacidad del gobierno para adaptar sus estrategias a los desafíos de cada sector y garantizar su continuidad más allá del sexenio. En este sentido, el verdadero legado del PND 2025-2030 no se medirá en sus páginas, sino en la transformación concreta de la realidad nacional. Si este plan logra trascender la retórica y convertirse en una política pública eficaz, México podría estar ante una oportunidad histórica para consolidar su desarrollo con justicia social y crecimiento económico sostenido.
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