Por Aldo San Pedro
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Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso de la Unión una de las iniciativas más significativas de su administración: la reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Esta propuesta no solo contempla la sustitución del sistema Compranet por una nueva Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, sino que marca el inicio de una transformación estructural en la forma en que el Estado mexicano contrata, fiscaliza y rinde cuentas. Más allá del cambio tecnológico, lo que está en juego es un rediseño institucional profundo, orientado por principios de trazabilidad, transparencia radical y eficiencia con rostro humano. La oportunidad no es menor: se trata de repensar la arquitectura misma de la contratación pública desde una lógica más democrática, abierta e inteligente.
El sistema Compranet nació en 1996 con la promesa de abrir a la ciudadanía los procesos de contratación gubernamental. A lo largo de casi tres décadas, logró avances importantes, pero también acumuló rezagos estructurales. Permaneció como una plataforma estática, incapaz de adaptarse al ritmo vertiginoso que exige la gestión pública del siglo XXI. Según la Cuenta Pública 2022, se gestionaron más de 1.27 billones de pesos a través de Compranet; sin embargo, el 37% de esos recursos fueron adjudicados de manera directa o por invitación restringida, evidenciando la debilidad del sistema para garantizar procesos verdaderamente competitivos y transparentes.
La Plataforma Digital de Contrataciones Públicas que sustituirá a Compranet no será una simple mejora informática. Es, en realidad, un rediseño normativo y operativo que se ancla en principios de máxima publicidad, acceso equitativo, control preventivo y trazabilidad en tiempo real. Estará conectada con bases de datos fiscales, registros de sanciones y padrones de proveedores. Su función ya no será solo publicar convocatorias, sino cruzar datos, identificar conflictos de interés y emitir alertas automáticas. Se trata, por tanto, de un instrumento de política pública democratizante, en donde la transparencia será estructural, no decorativa.
Este enfoque se alinea con lo que planteamos en entregas anteriores de Ingeniería Política, donde propusimos un nuevo modelo de administración pública centrado en resultados, basado en el uso intensivo de tecnologías emergentes y comprometido con la apertura institucional. En la columna “La nueva gran Reforma Administrativa Burocrática (Primera Parte)” dijimos: “Se debe buscar agilizar los tiempos de respuesta sobre trámites y servicios gubernamentales, implementar tecnologías en el manejo de la información para reducir costos y realizar procesos de dictaminación mediante herramientas que garanticen la imparcialidad”. Hoy, la reforma de obra pública transforma esta aspiración en norma jurídica.
No menos importante, la iniciativa introduce otras disposiciones sustanciales. Por ejemplo, se amplían los supuestos de inhabilitación para contratar con el Estado, incorporando causales como la participación en prácticas monopólicas o la relación societaria con personas sancionadas. También se fortalece el régimen de sanciones económicas, y las entidades públicas estarán obligadas a validar antecedentes, publicar en tiempo real los contratos y colaborar de forma directa y activa con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como con los órganos internos de control y autoridades fiscalizadoras. Estas medidas buscan erradicar los esquemas de simulación que históricamente han erosionado la confianza ciudadana.
Desde una perspectiva técnica, la sustitución de Compranet es el primer paso. El siguiente, inevitable y deseable, es la incorporación progresiva de inteligencia artificial en la reglamentación. Esta tecnología podría automatizar la generación de documentos, calificar propuestas de forma objetiva, identificar patrones anómalos y sugerir auditorías con base en datos. Países como Corea del Sur y Chile ya lo hacen, y México tiene la posibilidad de liderar en América Latina un modelo de contratación pública inteligente, con vigilancia continua y capacidades predictivas. En ese sentido, propongo que el reglamento secundario derive una disposición que faculte expresamente el uso de IA en la Plataforma, iniciando con un piloto en sectores estratégicos como salud o educación.
Los beneficios de este rediseño son múltiples y alcanzan a todos los sectores. Para el gobierno, se traduce en menor corrupción, mayor trazabilidad y reducción de costos administrativos. Para las y los ciudadanos, implica acceso total a la información, control social sobre el gasto y confianza renovada en las instituciones. Para MIPYMES, cooperativas y personas físicas, representa una verdadera democratización del mercado público, al eliminar barreras de entrada y permitir participación desde cualquier parte del país. Para las grandes empresas, ofrece certeza jurídica, procesos uniformes y condiciones de competencia más limpias.
Sin embargo, no debemos perder de vista los riesgos de implementación. La migración de Compranet a la nueva Plataforma implica desafíos como capacitación, interoperabilidad documental y atención a la brecha digital en regiones con bajo acceso a internet. Por ello, se requiere una estrategia pedagógica de gran alcance, con manuales accesibles, unidades de orientación regional y difusión clara por parte del gobierno. En esta transición, adaptarse será clave para participar.
Para quienes ya usan Compranet, la guía es clara: actualizar documentos, obtener firma electrónica, preparar expediente técnico y mantenerse atentos a las fechas que marcará el Diario Oficial de la Federación. El historial digital de cada proveedor será público y consultable, convirtiéndose en su principal carta de presentación ante el Estado y la sociedad. No hay lugar para la improvisación ni para el ocultamiento.
A pesar de las fricciones, el dictamen fue turnado a la Mesa Directiva para su discusión en el pleno. Todo indica que será aprobado en sus términos, sin cambios sustanciales respecto al texto original enviado por la presidencia de la República, consolidando así la voluntad ejecutiva como política de Estado. Porque el combate a la corrupción no debe limitarse a discursos ni a castigos aislados: debe estructurarse desde el diseño institucional, con mecanismos verificables, participación ciudadana y tecnologías capaces de impedir la captura de los procesos públicos.
La eliminación de Compranet y la creación de una nueva Plataforma Digital de Contrataciones Públicas buscan fortalecer la trazabilidad, la eficiencia y el control institucional sobre el uso de recursos públicos. La iniciativa establece principios más estrictos de publicidad, sanciones más claras y un entorno más accesible para proveedores de todos los tamaños. Su implementación adecuada, acompañada de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, podría mejorar la transparencia, reducir la discrecionalidad y modernizar de forma integral el proceso de contratación pública federal. Porque si la democracia empieza por cómo se gasta el dinero del pueblo, esta reforma es un paso firme hacia un México más justo, más abierto y más digno para todas y todos.
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