En una sesión clave para el futuro energético de México, el Senado de la República aprobó una reforma constitucional que transforma a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex) en «empresas públicas del Estado».
Esta modificación elimina el concepto de «empresas productivas del Estado», instaurado previamente por recomendaciones de organismos financieros internacionales.
El dictamen fue aprobado en lo general con 86 votos a favor, respaldado principalmente por senadores de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido del Trabajo (PT) y un voto del panista Miguel Ángel Yunes Márquez.
En contraste, 39 legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra, mientras que la senadora Amalia García Medina, de Movimiento Ciudadano, se abstuvo.
Durante la discusión en lo particular, se presentaron diversas reservas por parte de senadores del PAN, PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano para modificar los tres artículos del dictamen.
Sin embargo, estas propuestas fueron rechazadas, y los artículos reservados se aprobaron en sus términos con la misma votación de 86 votos a favor y 39 en contra.
✅ Con 86 votos a favor y 39 en contra, se aprueba en lo particular y los artículos reservados, en los términos del dictamen que modifica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de áreas y empresas estratégicas.
— Senado de México (@senadomexicano) October 17, 2024
LAS EMPRESAS REGRESAN A SU CARÁCTER DE EMPRESAS PÚBLICAS
La reforma, que ahora será enviada a las legislaturas estatales para su consideración, devuelve a CFE y Pemex su carácter de empresas públicas con la misión de cumplir una responsabilidad social, en lugar de enfocarse únicamente en la obtención de utilidades.
Esta medida refuerza el papel del Estado en la garantía del servicio público de electricidad, destacando que la participación privada en el sector no tendrá prioridad sobre la misión pública de estas empresas.
NO SERÁ UN MONOPOLIO
Además, la reforma establece que no se considerarán monopolios las actividades exclusivas del Estado en sectores estratégicos, como el control del sistema eléctrico nacional o el servicio de Internet que provea.
Así, se busca reforzar el rol del Estado en áreas clave para el desarrollo del país.
Este cambio representa un giro significativo en la política energética nacional, poniendo el foco nuevamente en el carácter público y social de estas instituciones.
