Este viernes la Fiscalía General de la República (FGR), obtuvo la vinculación a proceso de 11 servidores públicos de Izúcar de Matamoros, Puebla por delitos cometidos tras el posible encubrimiento de las agresiones contra dos periodistas.
Y es que el pasado 8 de marzo, Día de la Mujer en Izúcar de Matamoros, las comunicadoras del periódico Enlace de la Mixteca, Natalie y Michelle Hoyos López fueron detenidas ilegalmente sufriendo agresiones por representantes del municipio.
Las periodistas revelaron haber sido incomunicadas por más de cinco horas, en donde los señalados ejercieron contra ellas torturas y agresiones sexuales.
Frente a este escenario los servidores públicos y para su protección “probablemente” falsearon informes entregados a la autoridad.
Es decir, modificaron informes sobre la investigación de la privación de la libertad de las comunicadoras con la finalidad de ocultar las vejaciones de las que fueron objeto durante su detención hasta que fueron liberadas.
“Los acusados habrían modificado partes policiales del día en que aprehendieron ilegalmente a las comunicadoras de La Mixteca, quienes el 10 de marzo de 2023 estaban cubriendo una actividad de la agrupación feminista Marea Púrpura”, señalaron los representantes de las comunicadoras a través de un boletín de prensa
Entre los personajes vinculados a proceso se encuentran Abel “S”, Víctor “V”, Alberto “H”, José “T” y Mariela “M”, todos elementos de la policía municipal; Jesús “V”, quien ostentaba el cargo de Juez Calificador; Yeralda “V”, auxiliar jurídica de la Sindicatura, y Luis “P”, asesor jurídico; asimismo, Marco «E», director de Seguridad Pública Municipal, Santiago “M”, coordinador jurídico del municipio y Omar “F”, síndico municipal.
Cabe destacar que el boletín de la FGR señala igualmente que se vinculó a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones públicas en contra de Jesús “V”.
El anterior mencionado ejercía el cargo de Juez Calificador, sin contar con el título de Licenciado en Derecho que exigía la normatividad correspondiente para ese cargo.
Asimismo, a petición del agente del Ministerio Público Federal (MPF), el juzgador prohibió que se acerquen a la víctima o a su domicilio, además los vinculados tiene un lapso de dos meses para recabar nuevas pruebas para su defensa.
