La agresión fue captada por una cámara de seguridad y muestra a una adolescente corriendo mientras es perseguida por un joven que lanza petardos, generando explosiones visibles. En otras tomas, se observa a varios individuos con capuchas y gorras, lo que sugiere una intención deliberada de ocultar sus identidades.
LLEGAN DESPUÉS DEL MIEDO
La intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ocurre cuando los agresores ya han huido. La víctima, con una cortadura en la pantorrilla, recibe auxilio tardío. Este patrón se repite: las autoridades aparecen cuando el daño ya está hecho, cuando el miedo ya ha sido sembrado. La lógica reactiva de las instituciones refuerza la percepción de que la protección es un privilegio, no un derecho. En este caso, como en muchos otros, la presencia policial no disuade ni previene, solo certifica que algo ocurrió.
VOCES DESDE EL BORDE
Vecinos y padres de familia llevan años denunciando la presencia de “porros” vinculados al Cetis 33. Las redes sociales se han convertido en el único canal donde la comunidad puede expresar su indignación. “Ninguna autoridad nos hace caso”, dice una usuaria. El director del plantel es acusado de impedir el acceso a quienes buscan denunciar. Este tipo de declaraciones no solo evidencian frustración, sino también una fractura profunda entre la comunidad educativa y su entorno. La escuela, en lugar de ser un espacio de diálogo, se convierte en una fortaleza cerrada, impermeable al reclamo ciudadano.
LA ESCUELA COMO REFUGIO DEL AGRESOR
Los testimonios apuntan a una tolerancia institucional hacia los agresores. Padres de familia afirman que el personal del Cetis 33 convive con los “porros”, los protege o, al menos, los ignora. “La institución está con los porros y se sabe que nunca van a hacer nada”, señala una madre. Esta frase condensa una verdad incómoda: cuando la escuela deja de ser un espacio de formación y se convierte en refugio de la violencia, el tejido educativo se descompone. La impunidad no es solo legal, es pedagógica.
REPETIR PARA OLVIDAR
El caso no es aislado. En febrero, un joven presuntamente agredió a su expareja dentro del mismo plantel. La respuesta fue una justicia por mano propia: otros estudiantes lo golpearon e incendiaron su motocicleta. Este antecedente revela un patrón de violencia que se recicla sin consecuencias. Cada nuevo incidente se suma a una narrativa de normalización, donde el castigo no proviene de las autoridades, sino de la furia colectiva. La falta de memoria institucional convierte cada agresión en un episodio sin contexto, sin aprendizaje, sin transformación.
