En medio de la controversia generada por los recientes cambios a la Ley del Infonavit, senadores de diversas comisiones legislativas han propuesto llevar a cabo un parlamento abierto. El objetivo de esta iniciativa es despejar dudas y aclarar que los recursos de los trabajadores no serán utilizados por el gobierno, como se ha especulado.
El senador Luis Armando Melgar, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y presidente de la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda, subrayó que aunque la aprobación de los cambios se realizó con prisa debido a un plazo inminente para la creación de una empresa filial del Infonavit, es necesario escuchar a todas las partes involucradas.
“Debería abrirse un parlamento abierto para escuchar a la parte patronal, a la representación de los trabajadores y que el gobierno exponga sus razones”, declaró Melgar.
El senador también hizo un llamado a acabar con especulaciones e información falsa, destacando que tanto la reforma constitucional como la reglamentaria garantizan que los recursos del Infonavit son exclusivos para los trabajadores y se destinarán únicamente a la construcción de vivienda social para los derechohabientes, que actualmente suman 22 millones.
FINES POLÍTICOS DESDE LA OPOSICIÓN
Por su parte, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Oscar Cantón Zetina, acusó a partidos de oposición como el PRI y el PAN de manipular la situación con fines políticos.
“Esta legislación secundaria solo concreta la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de garantizar el derecho a la vivienda de los trabajadores”, explicó.
Asimismo, Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, destacó que la reforma fortalece el acceso a créditos para compra, construcción, ampliación y mejora de vivienda.
LA REFORMA A DEBATIR
Entre los cambios clave se incluye la posibilidad de acceder a arrendamientos sociales y la creación de una empresa filial del Infonavit, cuyo objetivo será facilitar la construcción de viviendas para alquiler, que posteriormente podrán ser adquiridas por los trabajadores.
“Esto permitirá que los asalariados con menor poder adquisitivo también accedan a una vivienda digna”, aseguró Inzunza.
La propuesta de un parlamento abierto busca ser un espacio de diálogo y transparencia, en el que trabajadores, empresarios y gobierno puedan aportar sus perspectivas para robustecer una legislación que promete transformar el acceso a la vivienda en México.
