Gobierno Federal confirma hallazgo de restos humanos en Pasta de Conchos

El hallazgo de mineros fallecidos se hace después de 18 años de la trágica explosión de Pasta de Conchos, iniciando un proceso que honra la memoria de aquellos que perdieron la vida en el accidente.

 

En un avance significativo tras la catástrofe que ocurrió en el 2006, el gobierno federal ha confirmado el descubrimiento de los primeros restos humanos en la mina de carbón de Pasta de Conchos. Este hallazgo marca el comienzo de los protocolos para su identificación, un proceso que se iniciará sin demora.

 

Las autoridades federales han informado a las viudas y familiares de los trabajadores sobre la localización de los restos en una galería a 146 metros de profundidad, el accidente fue el día 19 de febrero de 2006, en Sabinas, Coahuila.

 

La Fiscalía General del Estado de Coahuila, en colaboración con la Comisión Nacional de Búsqueda y el Instituto Nacional de Medicina Genómica, comenzará los procedimientos para identificar los restos y realizar peritajes para determinar las causas del accidente.

Además de los restos humanos, se han recuperado diversos objetos relacionados con el trabajo. Las autoridades han aclarado que no se encontraron evidencias de una explosión en ese punto específico, lo cual contrasta con las afirmaciones iniciales.

 

 

 

EL COMPROMISO DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN

 

Este logro fue posible gracias a los esfuerzos iniciados cuatro años atrás por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las secretarías de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social, junto con la Comisión Federal de Electricidad, han destacado que aún no se sabe a qué personas pertenecen los restos encontrados.

 

La organización Familia Pasta de Conchos ha reconocido este avance como un logro importante y ha llamado a las autoridades a garantizar que los restos sean tratados con respeto y que su identificación sea realizada científica y prontamente.

 

Por otro lado, la organización ha expresado su intención de continuar con el litigio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), buscando responsabilizar al Estado mexicano por violaciones a los derechos humanos y económicos sociales durante el accidente.