El Gobierno del Estado de Puebla avanza en la edificación de mil 600 viviendas en San José Chiapa, como parte de un plan integral que busca garantizar el acceso a un patrimonio digno, especialmente para integrantes de cuerpos de seguridad. La iniciativa se alinea con la política nacional de vivienda impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El gobernador Alejandro Armenta Mier informó que estas viviendas corresponden a una segunda etapa de un proyecto más amplio que contempla la construcción de cerca de 6 mil casas, con el objetivo de promover un crecimiento urbano ordenado en la región.
Para fortalecer el desarrollo del proyecto, el mandatario estatal instruyó al subsecretario de Vivienda, José Luis Figueroa Ortiz, a reforzar la coordinación con el Banco de Tierra y la Comisión de Vivienda, encabezada por Rafael Moreno Valle Buitrón.
El propósito es avanzar en la escrituración de los predios, otorgando certeza jurídica a los beneficiarios y consolidando un esquema transparente en la asignación de viviendas.
INVERSIÓN HISTÓRICA Y ALCANCE SOCIAL
El subsecretario Figueroa Ortiz destacó que, en más de una década, no se habían ejecutado de manera simultánea programas de vivienda y apoyo a trabajadores como ocurre en la actual administración. Adelantó que durante este año se destinarán cerca de 400 millones de pesos para ampliar la cobertura hacia comunidades que anteriormente no habían sido atendidas.
El proyecto contempla la urbanización de 50 hectáreas, así como la habilitación de accesos en la zona de Ciudad Maderas. En este punto se implementará un esquema piloto de vivienda dirigido a personal de seguridad pública, incluyendo bomberos, protección civil, guardabosques y diversas corporaciones policiales.
La estrategia prevé que, en una primera etapa, los beneficiarios accedan a un lote urbanizado y, posteriormente, conforme a su antigüedad en el servicio, puedan obtener un “pie de casa”, bajo criterios de legalidad, equidad y justicia social.
Compromiso con el bienestar de servidores públicos
El Gobierno del Estado reiteró su compromiso de mejorar las condiciones de vida de quienes desempeñan labores esenciales para la seguridad y el bienestar de la población, mediante políticas públicas que priorizan el acceso a vivienda digna.
