Gobierno de Puebla fortalece el 089 para combatir extorsión telefónica

Con el objetivo de proteger la integridad, el patrimonio y la tranquilidad de las familias poblanas, el Gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, refuerza la línea 089 de denuncia anónima como parte de la estrategia nacional “Unidos contra la Extorsión”, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La campaña “Si contestas, ponte alerta” busca informar a la ciudadanía sobre cómo identificar y actuar ante intentos de extorsión telefónica, promoviendo una cultura de denuncia y atención inmediata.

NO CAER EN ENGAÑOS Y DENUNCIAR 

Ante cualquier llamada sospechosa, la Secretaría de Seguridad Pública exhorta a mantener la calma, no proporcionar información personal, no realizar depósitos bancarios y colgar de inmediato. La denuncia debe realizarse de manera inmediata al 089.

Desde el C5i, personal capacitado recibe reportes de extorsión anónima y distingue entre intentos directos e indirectos, brindando atención emocional inicial y canalizando los casos a las autoridades correspondientes.

Claudia Díaz Reyes, jefa de la Unidad 089, explicó que lo primero que se brinda es contención emocional, ya que muchas víctimas se encuentran en crisis. Posteriormente, se orienta a la persona para evitar caer en el engaño y se canaliza la información a la Fiscalía Especializada en Extorsión Telefónica.

“El objetivo principal es proteger a la ciudadanía y evitar que se conviertan en víctimas de este delito”, subrayó Díaz Reyes.

ESTRATEGIA ESTATAL CONTRA LA EXTORSIÓN 

La lucha contra este delito también incluye acciones de fondo, como:

La creación de una Unidad Estatal Anticorrupción

Operativos en centros penitenciarios para decomisar celulares

Convenios con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para el bloqueo de líneas y congelamiento de cuentas asociadas a extorsionadores.

Con estas medidas, el Gobierno de Puebla fortalece su capacidad de respuesta y reafirma su compromiso de salvaguardar a la población ante delitos que afectan la seguridad y la estabilidad de las familias.