Una corte civil en Miami, Florida, dictó una sentencia contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón, y su esposa, Cristina Pereyra, obligándolos a pagar un total de 2 mil 488 millones de dólares por su participación en un esquema de corrupción y contratación ilegal en el gobierno mexicano.
García Luna deberá pagar 748 millones de dólares, mientras que su esposa fue sentenciada a cubrir mil 740 millones. Adicionalmente, el exfuncionario enfrenta una pena de prisión de 38 años y cuatro meses, y una multa adicional de 2 millones de dólares derivada de un proceso penal paralelo en Nueva York.
RED DE CORRUPCIÓN, CONTRATOS ILEGALES Y DESVÍOS DE DINERO PÚBLICO
El gobierno de México identificó que, bajo la protección de García Luna, un conglomerado empresarial vinculado a su familia obtuvo 30 contratos con dependencias de seguridad pública mexicanas, extrayendo 745.9 millones de dólares del erario.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), los recursos públicos fueron transferidos a paraísos fiscales para ocultar su origen, y posteriormente utilizados para adquirir bienes y activos en Estados Unidos, específicamente en el estado de Florida.
Ante esta situación, el gobierno mexicano presentó una demanda civil el 21 de septiembre de 2021 ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, con el objetivo de recuperar los activos comprados con dinero público desviado.
PROCESO CIVIL Y JUICIO PENAL: CAMINOS PARALELOS
Este proceso civil es independiente del juicio penal que enfrenta García Luna en Brooklyn, Nueva York, donde fue hallado culpable en febrero de 2023 por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa.
El Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos concedió a García Luna una prórroga de cuatro meses para apelar su condena. Fue declarado culpable por participar en una empresa criminal, conspiraciones para tráfico de drogas y mentir ante autoridades estadounidenses.
