El 3 de enero de este año, un video estremeció al país. En las imágenes se observa a un automóvil arrollar a un hombre y arrastrarlo varios metros hasta quitarle la vida. Días después, otro metraje comenzó a circular: se veía a la conductora llegar con aparente calma a su domicilio para guardar el vehículo azul con el que, minutos antes, había matado a Roberto.
Roberto tenía 52 años. Era repartidor desde hacía más de una década y no tenía historial delictivo. Aquella noche se dirigía a recoger a su pareja en Nezahualcóyotl. Nunca llegó.
Lo siguiente que se supo fue que el automóvil, un Honda City azul, había sido localizado en Ciudad Lago, en el Estado de México. Estaba abandonado, sin placas y con los daños visibles del impacto. La historia parecía clara: había una responsable, había evidencia, y había una víctima.
Entonces intervinieron las redes sociales.
En cuestión de horas, usuarios identificaron un domicilio y un nombre: Gaby “N”, enfermera de 43 años, con estudios universitarios y, según se difundió, incluso una maestría. La información se propagó sin freno, como suele ocurrir cuando la indignación colectiva encuentra un objetivo.
Al hacerse pública la dirección, curiosos, reporteros y vecinos confirmaron que la vivienda ya estaba vacía. La mudanza había ocurrido de madrugada. Gaby “N” había desaparecido. También su familia había cambiado de domicilio. La narrativa quedó sellada: había culpable y había fuga.
Semanas después llegó la noticia de su detención. Y fue entonces cuando surgió una nueva duda.
En el video del arresto, lo que más llamó la atención no fue la captura en sí, sino la tranquilidad con la que se desarrolló. “Esto tenía que pasar”, se escucha decir a un oficial. “Sí, ya sé”, responde la mujer, con una serenidad que desconcertó a muchos.
Pero lo que verdaderamente encendió la conversación pública fue otra cosa: la comparación entre la imagen que se había difundido durante días en redes sociales y el rostro de la mujer detenida. Para muchos, no coincidían. Se habló de implantes, de cirugía, de suplantación. Las teorías comenzaron a multiplicarse con la velocidad habitual de internet.
“Esa no es Gaby”, se repetía.
Y, en parte, la gente tenía razón.
Las dos mujeres de las fotografías eran diferentes. Pero no porque hubiera una sustitución, ni una conspiración, ni una manipulación de las autoridades. Eran distintas porque la primera imagen viral no correspondía a Gaby “N”. Las redes sociales habían señalado a la persona equivocada y difundido su fotografía como si fuera la responsable.
Cuando la detención se hizo pública y comenzaron a circular imágenes oficiales, quedó claro el error. La mujer arrestada sí era Gaby “N”. La equivocación había ocurrido antes, en ese momento en que millones de personas compartieron, comentaron y condenaron a alguien sin verificar nada.
Y ahí está el verdadero problema.
Durante días, el país no solo buscó justicia para Roberto; también construyó una identidad, un rostro y una culpabilidad basados en información incorrecta. Y nadie parece preguntarse qué ocurrió con la mujer cuya fotografía fue difundida por error, cuyo rostro fue asociado a un homicidio que no cometió.
Las redes sociales no solo informan: también juzgan, condenan y, a veces, destruyen vidas en cuestión de horas.
Hoy muchos se preguntan si se puede confiar en lo que vemos en internet, si las imágenes son reales, si la inteligencia artificial puede manipularlo todo. Pero la lección de este caso es más incómoda y más simple: no hace falta inteligencia artificial para fabricar una mentira colectiva; basta con miles de personas compartiendo algo sin detenerse a pensar.
La duda razonable no debería recaer únicamente sobre la identidad de una detenida.
Debería recaer, sobre todo, en nuestra manera de consumir la verdad.
