Por José García
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El informe Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, “Fue el Estado”, tomo I, con casi 5 mil páginas, señala a la estructura estatal de México desde 1965 y hasta 1990, mostrando una auténtica dictadura, no sólo autoritaria sino represiva.
Quienes consideran que la violencia puede erradicarse de un país en seis años, o que se culpa del pasado a los problemas del presente, tienen en este informe una explicación, incluso didáctica, para entender su propia historia, sin estridencias basadas en los medios convencionales ni tergiversaciones emitidas desde las viejas oficinas de gobierno.
También es un revés documentado de quienes añoran los regímenes anteriores qué en el punto más alto de su paroxismo nostálgico, consideraban a los gobiernos del pasado como democráticos.
Eran tiempos en los que los presidentes no tenían colaboradores sino cómplices. No eran funcionarios sino esclavos. Al mandatario el decían Patrón y su palabra rebasaba los límites de la ley. El servilismo de sus subordinados no permitía asesorías, menos aún sugerencias. Nada, sólo obediencia ciega.
El documento presentado en Tlatelolco, en el Centro Cultural Universitario, responsabiliza a toda la estructura estatal de esos años con una carga delictiva de más de 120,000 muertes directas, por órdenes de “muy arriba”. La gran mayoría de ellos por motivos de disidencia ante los gobiernos.
Además, se registran desapariciones forzadas, torturas y demás violaciones a los Derechos Humanos. Expresidentes, gobernadores y altos mandos del Ejército serían algunos de los responsables de uno de los capítulos más oscuros de la historia mexicana.
Todavía hay algunos que sirvieron en esa guerra y ahora no se sonrojan al hablar de dictadura en los tiempos actuales. Ese desdoblamiento de personalidad, asentado en el doble discurso, no respeta límites ni precisa ubicación necesariamente, sin caer en la paranoia, están en todas partes. Los comisionados del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, parte de la Comisión de la Verdad creada por el Gobierno en 2021, compartieron sus hallazgos en su último informe, después de dos años de investigación.
A pesar del tiempo, los investigadores denunciaron que todavía encontraron obstáculos en instituciones de seguridad e inteligencia. Todavía hay personeros de intereses del pasado, cuyos intereses no sufren transformaciones, que desde adentro no sólo defienden intereses sino que impulsan la desestabilización.
En esto debe entenderse que la complicidad en el poder es inmortal. Loa poderes fácticos no han cambiado en un siglo en México, para ellos no hay Revolución que valga. Ahí está el clero, los medios, analistas, los ministros, los empresarios radicales, etc.
Uno de los investigadores de este documento, Carlos Pérez Ricart, señala: “Los nudos de impunidad fueron creados en el periodo de Guerra Sucia y siguen activos hoy”. Y comenta sobre la pobre, o nula, renovación de las instituciones que perpetraron las violencias en el pasado, ya sean “policías, fiscalías, sistema judicial”.
Comenta Ricart que la mutación del CISEN, ahora llamado Centro Nacional de Inteligencia no sólo puso trabas a la investigación sino que desacató la orden presidencial de abrir sus archivos.
La cara oculta de la historia que escondieron los medios, por órdenes presidenciales está en ese informe aunque incompleta y fragmentada, según revelación de los propios investigadores.
Los sobrevivientes están en la oposición, pero también dentro de la estructura de los gobiernos actuales.
En cualquier guerra sucia las víctimas son visibles, reales, conmensurables, aunque estén ausentes, se sabe quiénes son; los victimarios, en cambio, están mimetizados en un anonimato en beneficio no sólo personal sino de la continuidad de esa guerra.
