La fiscalía federal en Nueva York presentó una acusación por narcotráfico en contra del actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otros nueve funcionarios estatales. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los señalados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para facilitar el envío de drogas hacia Estados Unidos.
El documento judicial establece cargos relacionados con tráfico de narcóticos y delitos con armas de fuego, señalando que los implicados presuntamente participaron en una red de protección para las operaciones del grupo criminal.
SEÑALAMIENTOS DE CORRUPCIÓN Y VIOLENCIA
Según la acusación, el cártel habría contado con el apoyo de funcionarios que, abusando de su poder, facilitaron sus actividades ilícitas a cambio de sobornos. Las autoridades estadounidenses sostienen que algunos de los implicados incluso habrían participado en actos de violencia, incluyendo asesinatos de presuntos rivales o personas vinculadas con investigaciones en Estados Unidos.
Lista de funcionarios implicados
Además del gobernador, en la acusación figuran Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán.
Este último enfrenta señalamientos adicionales por su presunta participación en el secuestro de una fuente de la Administración de Control de Drogas y un familiar, hechos que derivaron en la muerte de ambas personas.
Investigación y proceso judicial
El caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, instancia que llevará el proceso judicial en Estados Unidos.
De acuerdo con las autoridades, todos los imputados ocuparon cargos de alto nivel en el gobierno estatal o en corporaciones de seguridad, lo que habría permitido —según la acusación— consolidar una presunta red institucional de apoyo al Cártel de Sinaloa.
SIN POSTURA OFICIAL EN MÉXICO
Hasta el momento, el gobierno mexicano no ha emitido una postura oficial respecto a estos señalamientos. Tampoco se ha informado sobre posibles acciones legales en territorio nacional derivadas de la acusación.
