El fiscal especial del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, fue denunciado por diversos delitos, entre ellos peculado, extorsión, abuso de autoridad, cohecho e intimidación. La denuncia fue presentada por Ricardo Domínguez Mora, integrante de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), el pasado 28 de abril ante diversas instancias, incluida la Fiscalía General de la República (FGR).
Según la denuncia, Gómez Piedra ha utilizado vehículos oficiales para tareas personales, como recoger su comida caliente, y ha exigido dinero y regalos a sus subordinados, especialmente durante su cumpleaños. Los denunciantes relatan que se le han entregado cajas con dinero en efectivo, las cuales abre frente a sus empleados, mostrando fajos de billetes.
NOMBRAMIENTOS CUESTIONADOS Y FALTA DE EXPERIENCIA
Uno de los puntos más polémicos señalados es la contratación de César Ovidio Suárez Aldecoa, amigo cercano del fiscal y originario también de Tabasco. El acusado habría sido nombrado como encargado de la investigación principal sin tener experiencia en derecho penal, investigaciones ni derechos humanos. “No le interesa el caso ni se le exige nada”, aseguran en el documento.
Aunque el fiscal general Alejandro Gertz Manero autorizó incentivos al personal con buen desempeño, la denuncia afirma que Gómez Piedra entrega premios sólo a sus allegados, a cambio de que le entreguen en efectivo el 20% del bono recibido, lo cual sería constitutivo del delito de extorsión conforme al artículo 390 del Código Penal Federal.
Desde que asumió el cargo en octubre de 2022, tras la salida de Omar Gómez Trejo, no se han registrado avances relevantes en la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes. Los agentes lo acusan de fomentar un ambiente de burla, apodos y favoritismos, mientras desatiende sus funciones al retirarse diariamente a las 14:00 horas.
USO DE RECURSOS HUMANOS PARA FINES PERSONALES
Otra de las denuncias incluye la asignación de un jefe de departamento administrativo como chofer de su esposa, lo cual constituiría un acto de peculado, de acuerdo con el artículo 223 del Código Penal Federal. Además, se menciona que el fiscal solicitó dinero para apoyar políticamente a la fiscal Sara Irene Herrerías, con miras a una candidatura a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
