La Fiscalía General de la República (FGR) no podrá transferir al patrimonio público la residencia de Emilio Lozoya, ubicada en la colonia Lomas de Bezares al poniente de la Ciudad de México, con un valor superior a los 38 millones de pesos.
Esto debido a la resolución tomada por la jueza federal, Ana Lilia Osorno Arroyo, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, pues declaro improcedente el recurso legal que buscaba la confiscación definitiva de la propiedad perteneciente al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La jueza explico que la FGR cometió un error al solicitar el cambio de propietario de la residencia utilizando leyes de extinción de dominio y lavado de dinero que no estaban vigentes al momento de los hechos que se le imputan a Lozoya.
“Debe declarase improcedente la acción de extinción de dominio ejercida respecto de los derechos que el demandado tiene sobre el bien inmueble. El hecho ilícito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, vinculado con el bien inmueble objeto del juicio, se consumó en el año 2012, esto es en una época en que dicho delito no estaba previsto de manera sustantiva en el artículo 22 constitucional como supuesto de procedencia para ejercer la acción de extinción de dominio”, consideró la juzgadora.
Con ello, la FGR suma dos derrotas en el caso de Agronitrogenados, ya que previamente un juez federal suspendió el proceso penal contra Lozoya por considerar que la reparación del daño, estimada por el gobierno federal en más de 200 millones de dólares, ya había sido garantizada por el otro imputado en la causa penal de Agronitrogenados, es decir, por el empresario Alonso Ancira.
