Luego de que se confirmara su detención en Estados Unidos, la Fiscalía General de la República (FGR) explicó la situación jurídica de Inés Gómez Mont y aclaró que su deportación o extradición a México dependerá de las autoridades estadounidenses, mientras continúan vigentes las órdenes de aprehensión en su contra.
La institución informó que la conductora enfrenta tres mandamientos judiciales en territorio mexicano relacionados con investigaciones por presuntos delitos fiscales y delincuencia organizada.
De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, una de las órdenes de aprehensión está relacionada con su probable participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las otras dos corresponden a investigaciones por presunta defraudación fiscal equiparada.
🇲🇽Si EUA deporta a Inés Gómez Mont, será detenida al llegar a México, advierte Ernestina Godoy
La fiscal @ErnestinaGodoy_ aclaró que la detención de la conductora Inés Gómez Mont en Estados Unidos obedece actualmente a su situación migratoria y no a la ejecución de las órdenes de aprehensión que enfrenta en México.
🗣️ “De determinarse su deportación, la Fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada a México”, aseguró Godoy.
⚖️ La fiscal explicó que corresponde a las autoridades estadounidenses resolver su situación migratoria, mientras que la justicia mexicana será la encargada de determinar su posible responsabilidad penal.
“A esta Fiscalía le corresponde que comparezca ante los tribunales mexicanos”, sentenció
— Político MX (@politicomx) November 2, 2026
México continúa investigando
Las autoridades mexicanas señalan que Gómez Mont habría participado en un esquema relacionado con la recepción y manejo de recursos de procedencia ilícita, además de presuntas irregularidades en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
La investigación también está vinculada con contratos por aproximadamente 2 mil 450 millones de pesos destinados a servicios relacionados con centros penitenciarios federales.
La FGR explicó que México había solicitado previamente la detención provisional de la exconductora con fines de extradición, por lo que su situación migratoria en Estados Unidos podría determinar el procedimiento para su eventual traslado.
🇲🇽🇺🇸 Inés Gómez Mont solicitó a la justicia federal de Estados Unidos su liberación de la detención migratoria que enfrenta desde la semana pasada en Miami, luego de que venciera su visa de turista.
La presentadora es buscada por autoridades mexicanas por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero.
— Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) November 2, 2026
Sin embargo, la Fiscalía aclaró que no puede establecer una fecha para su regreso, debido a que la decisión corresponde a las autoridades estadounidenses.
En caso de que se concrete su entrega a México, la institución buscará ejecutar las órdenes de aprehensión pendientes para que comparezca ante los tribunales correspondientes.
En el caso de Inés Gómez Mont, los tribunales mexicanos serán los encargados de determinar su responsabilidad
Con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, informó que a Inés “N” se le investiga por recursos de procedencia ilícita, obtenidos mediante un esquema de desvío y triangulación, realizados mediante contratos con el Órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, a través de una empresa fantasma.
Desde desde septiembre de 2025 nuestro país solicitó a Estados Unidos su detención provisional con fines de extradición.
De concretarse su deportación, se ejecutarán de inmediato las tres órdenes de aprehensión vigentes en su contra al llegar a territorio mexicano.
Su situación migratoria será resuelta por las autoridades estadounidenses.
— MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) November 2, 2026
La situación de Inés Gómez Mont continúa bajo seguimiento de las autoridades de ambos países, mientras se resuelven los procedimientos legales relacionados con su detención.
La Fiscalía recordó que los señalamientos en su contra deberán ser determinados por las autoridades judiciales y que la responsabilidad penal únicamente podrá establecerse mediante una resolución correspondiente.
