La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, de haber presentado una firma falsificada en un procedimiento judicial, con el fin de evitar ser detenido.
Según la Fiscalía General, el exmandatario utilizó una firma apócrifa en un escrito entregado el pasado 8 de mayo, como parte del amparo que promovió para frenar una orden de aprehensión en su contra por los delitos de peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
La acusación se formalizó mediante un incidente de falsedad de firma, presentado por la Fiscalía Anticorrupción. El documento fue ingresado ante el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, donde se encuentra la juez Patricia Sánchez Nava, quien originalmente emitió la orden de aprehensión.
De acuerdo con la Fiscalía, la firma del escrito del 8 de mayo no coincide con la plasmada en la demanda original de amparo. Por ello, el Ministerio Público solicitó un peritaje en grafoscopía, que ya fue admitido por la juez Jovita Vargas, Novena de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México.
EL PROCEDIMIENTO DE AUREOLES
Aureoles obtuvo inicialmente una suspensión provisional contra su detención. Para conservarla, debía:
- Presentarse ante la juez Sánchez Nava
- Pagar una garantía de 52 mil pesos
El exgobernador no compareció físicamente, pero presentó un escrito por el que se dio por enterado del proceso y solicitó audiencia. La juez Sánchez Nava avaló esta comparecencia por escrito, decisión que permitió mantener la suspensión vigente.
Ahora, con la apertura del incidente de falsedad, la Fiscalía busca demostrar que el documento del 8 de mayo no fue firmado por Aureoles. La juez Vargas ya ordenó el desahogo de pruebas periciales en grafoscopía. Se designarán tres peritos: uno por la FGR, uno por el Poder Judicial y uno por la defensa del exgobernador.
Si se comprueba que la firma es falsa, las consecuencias legales alcanzarían no solo a Silvano Aureoles, sino también a su abogado y potencialmente a la juez Jovita Vargas, quien resolvió mantener la suspensión con base en dicho documento.
