Por Fadlala Akabani*
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Por motivaciones políticas, EU decide culpar a México y a China de producir e ingresar ilegalmente fentanilo a su territorio.
La hipocresía, definida por la RAE como el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que realmente se experimentan, parece ser la norma en cuanto al comportamiento de los países del norte global con respecto a problemas que ellos mismos han permitido —incluso auspiciado— tanto dentro como fuera de sus fronteras, generalmente por intereses económicos y políticos, respectivamente.
Por citar un ejemplo, podemos mencionar el complejo problema del consumo de drogas a nivel continental, concretamente de la crisis por el consumo de opioides que atraviesa Estados Unidos, y en la que no se asume responsabilidad alguna, y la atribuye a los países latinoamericanos, incluso a China con flamígeros y peligrosos discursos. Sin embargo, al interior, la política farmacéutica permitió a una empresa, Purdue, inundar el mercado de analgésicos (1995) con OxyContin, un fármaco con el potencial analgésico de la heroína; poniendo prácticamente al alcance de cualquier estadounidense un opiáceo, cuyo uso debería estar restringido al tratamiento paliativo de pacientes con cáncer o enfermedades terminales.
La evidencia empírica de millones de adictos en Estados Unidos puso el foco de la presión social sobre Purdue, por haber abierto la puerta a la crisis humanitaria que ha cobrado la vida de más de medio millón de personas en las últimas dos décadas. Si bien las restricciones a la venta de OxyContin comenzaron entre 2013 y 2014, ya existía una población de adictos que optó por el mercado negro y el consumo de opioides como el fentanilo. La farmacéutica se declaró en bancarrota (tras haber generado ganancias de 35 mil millones de dólares por ventas de OxyContin) en 2019 y la familia Sackler, propietaria de la compañía, ha obtenido la protección de un tribunal en Nueva York, cuya sentencia los blindó en el ámbito civil a cambio de contribuir con seis mil millones de dólares en la lucha contra la epidemia por consumo de opiáceos.
Sin embargo y pese a la contundente evidencia, por motivaciones políticas, Estados Unidos decide culpar a México y a China de producir e ingresar ilegalmente fentanilo a su territorio; esto, pese a la evidente problemática de adicción creada por OxyContin y a que el gobierno estadunidense aprobó la entrada al mercado de un opiáceo 100 veces más potente que la morfina, que es el fentanilo, que se volvió de uso masivo con productos como SUBSYS, un inhalador, desarrollado por Insys Therapeutics, que fue aprobado antes de que comenzaran las restricciones a OxyContin, en 2012. El exitoso modelo de negocios creció y fueron decenas de laboratorios que se valieron de la misma estrategia para introducir fármacos con fentanilo a lo largo de toda la Unión Americana.
En el mismo periodo de tiempo, pero, de éste lado del río Bravo, la violencia del crimen organizado creció exponencialmente desde que Felipe Calderón —con nula legitimidad política y obsecuente subordinación a Washington— comenzó en 2006 su falsa e hipócrita guerra contra las drogas, que derivó en el incremento en 200% de la violencia, así como la diversificación y fortalecimiento del crimen organizado. Actualmente, los otrora traficantes de marihuana y cocaína han sofisticado sus organizaciones y expandido sus operaciones criminales a otros delitos de alto impacto como el secuestro, la extorsión, el cobro de “derechos de piso”, así como un incremento en su capacidad de infiltración en estructuras de poder público.
La posible hoja de ruta para lidiar con el gran desafío que enfrenta la vida pública en los próximos años requiere una comprensión de la profunda complejidad y multiplicidad de variables involucradas en la espiral de violencia del crimen organizado en México, que parece interminable. Asimismo, se requiere de una nueva perspectiva que pondere parámetros científicos y evidencias concretas por encima de prejuicios morales y de la necedad de profundizar una guerra perdida.
Como todas las grandes empresas de la vida, la estrategia para reducir y acabar con la violencia del crimen organizado requerirá de una grandísima dosis de paciencia, pues tal y como lo ha mostrado este sexenio, incluso atendiendo a las causas estructurales del fenómeno como lo ha hecho el presidente López Obrador, presentando alternativas a los jóvenes más pobres para mantenerse estudiando (mediante las becas) o ingresar al campo laboral (a partir de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro), índices como el número de homicidios dolosos se ha reducido solamente 17%, pues de un máximo histórico en 2018 con 36 mil 685 homicidios, a partir del primer año de la 4T (2019) éste índice ha decrecido casi una quinta parte. En efecto, el número de homicidios sigue siendo extraordinariamente alto, hemos tocado fondo en 2018 y fue el punto al que nos llevó la falsa guerra de Felipe Calderón y cuya inercia de violencia no pudo contener Peña Nieto; en términos absolutos, el panista incrementó este índice (el de homicidios) en 192.8% al llevarlos de ocho mil 867 casos en 2007 a 25 mil 967 en 2012; el priista lo hizo en un 59.4% al pasar de 23 mil 63 homicidios en 2012 a más de 36 mil al final de su sexenio.
*Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México
