Juan Bernardo Corona Martínez, quien fue segundo secretario de Seguridad Pública durante el mandato del ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, ha obtenido una suspensión definitiva contra la orden de aprehensión emitida en su contra.
La orden, girada por una jueza del Reclusorio Oriente, está relacionada con el desvío de 3,412 millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles de policía en Michoacán, la jueza Patricia Sánchez Nava, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente, emitio la orden de captura el 27 de febrero.
Sin embargo, el 3 de marzo, Corona Martínez presentó un amparo para evitar su detención por los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y lavado de dinero.
La jueza de control, Patricia Sánchez Nava giró la orden de aprehensión contra Juan Bernardo Corona, quien se le acusa de ejercicio indebido del servicio público, lavado de dinero, entre otros delitos. Informó Juan Antonio Jiménez.#FórmulaNoticias con Juan Becerra (@juanbaaq). pic.twitter.com/uninJ9mtXU
— Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 29, 2025
¿EN QUÉ CONSISTE EL AMPARO DE CORONA MARTÍNEZ?
En su recurso legal, el exfuncionario también impugnó la orden de comparecencia y presentación, así como la ejecución del arresto. Según el resolutivo judicial, la jueza informó que no podía remitir la copia de la audiencia de febrero debido a una notificación relacionada con el caso.
El 19 de marzo, la jueza otorgo a Corona Martínez la suspensión definitiva, con una garantía de 50,000 pesos para evitar su detención. Sin embargo, la resolución no detalló los motivos del fallo ni los efectos de la medida cautelar.
EXFUNCIONARIOS VINCULADOS A PROCESO
A principios de marzo, la jueza Sánchez Nava vinculo a proceso a cuatro ex funcionarios de la administración de Aureoles Conejo por su participación en el desvío de recursos. Estos ex servidores públicos enfrentan cargos por administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y asociación delictuosa. Los implicados son:
- Carlos Maldonado Mendoza, ex secretario de Finanzas en el gobierno de Aureoles.
- Mario Delgado Murillo, ex delegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal.
- Elizabeth Villegas Pineda, ex delegada administrativa de la SSP.
- Antonio Bernal Bustamante, ex titular de la SSP.
Estos exfuncionarios ya fueron procesados y se les dictó prisión preventiva por su involucramiento en el desvío de los 3,412 millones de pesos destinados a la construcción de los cuarteles policiales.
