La muerte de una perrita conocida como “La Wera” ha generado indignación y protestas en el municipio de Copainalá, Chiapas, luego de que vecinos denunciaran que estudiantes de veterinaria la habrían utilizado para prácticas quirúrgicas sin justificación médica.
De acuerdo con los reportes, la perrita era cuidada por la comunidad, aunque no tenía un dueño específico. Habitaba libremente en la zona y era conocida por los vecinos, quienes ahora exigen justicia tras lo ocurrido.
Las acusaciones señalan a alumnos de la Facultad de Estudios Agropecuarios de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), quienes presuntamente capturaron al animal y lo trasladaron a sus instalaciones para realizarle procedimientos quirúrgicos como parte de sus prácticas académicas.
.@nacholozano Dr. Oswaldo Chacon R Rector de la Universidad Autónoma de Chiapas
Dra. Paola Ocampo, Directora de la @Escuela de estudios agropecuarios Mezcalapa-UNACHJUSTICIA PARA LA WERA
La Wera vivía en las calles de Mezcalapa, localidad del estado de Chiapas, México; era una… pic.twitter.com/I2zKbQ0Nnl
— Peludos Desamparados (@Plu2Desampara2) March 19, 2026
Según los testimonios difundidos en redes sociales, a “La Wera” le practicaron una cirugía en la que le extrajeron el bazo y parte del intestino, pese a que no presentaba ninguna enfermedad o condición que requiriera intervención. La operación terminó provocando su muerte, lo que ha sido calificado como un acto grave de maltrato animal.
El caso se viralizó rápidamente, acompañado del reclamo “Justicia para La Wera”, impulsado por ciudadanos, colectivos animalistas y rescatistas, quienes exigen una investigación formal y sanciones contra los responsables. También han solicitado que se revisen los protocolos académicos para evitar que hechos similares se repitan.
Hasta el momento, ni la universidad ni las autoridades han emitido un posicionamiento oficial sobre lo sucedido, lo que ha incrementado el descontento social.
El caso ha reavivado el debate sobre los límites éticos en la formación veterinaria y la necesidad de reforzar las leyes contra el maltrato animal en México, especialmente cuando se trata de prácticas educativas que, según los denunciantes, no deberían implicar la muerte innecesaria de animales.
