La polémica construcción del viaducto elevado en la capital de Zacatecas fue oficialmente cancelada el pasado 27 de mayo, luego de una fuerte presión por parte de la ciudadanía. El proyecto, promovido por el Gobierno del Estado, contemplaba una inversión superior a los 3.6 mil millones de pesos, pero generó una ola de inconformidad entre habitantes, urbanistas y organizaciones civiles.
En total, se presentaron 14 amparos ciudadanos en contra del viaducto, de los cuales nueve derivaron en suspensiones provisionales. Estos recursos legales, sumados a una serie de protestas públicas y manifestaciones en medios, forzaron al gobierno encabezado por el morenista David Monreal a dar marcha atrás con la obra, que desde un principio fue cuestionada por su viabilidad, impacto urbano y falta de transparencia.
DIPUTADA EXIGE REDENCIÓN DE CUENTAS
Tras la cancelación, la diputada federal del PAN, Noemí Luna, ha exigido al Gobierno del Estado que informe de manera clara y puntual sobre el nuevo destino de los recursos públicos originalmente asignados al proyecto. Luna subrayó que los 3.6 mil millones de pesos no pueden quedar en el limbo presupuestal ni ser redirigidos sin la debida supervisión.
“Este dinero debe utilizarse para atender las verdaderas necesidades de las y los zacatecanos, no para alimentar más opacidad. Exigimos saber exactamente en qué se va a gastar y que no se convierta en un nuevo foco de corrupción”, declaró la legisladora.
SEÑALAMIENTOS DE CORRUPCIÓN
Desde su anuncio, el proyecto del viaducto fue blanco de duras críticas por parte de especialistas, activistas y ciudadanos que denunciaron la falta de estudios técnicos y la escasa socialización del plan. Según la diputada Luna, la obra estuvo “envuelta en la opacidad” y existen indicios de posibles irregularidades en su planeación y asignación de recursos.
“Zacatecas no puede seguir pagando los costos de decisiones mal tomadas desde el escritorio y con fines políticos. Se trata de recursos públicos que deben ser utilizados con responsabilidad, en salud, educación, seguridad o infraestructura realmente necesaria”, afirmó.
COLECTIVOS CIUDADANOS SE MANTIENEN VIGILANTES
Por su parte, los colectivos y organizaciones que encabezaron la oposición al viaducto aseguraron que permanecerán atentos al destino del presupuesto que ya había sido contemplado para la obra. Señalaron que esta victoria ciudadana no será completa hasta que se garantice que los recursos se manejen con transparencia y se canalicen a proyectos que cuenten con respaldo social.
“Logramos frenar una obra que no respondía a las necesidades de la ciudad, pero ahora tenemos la responsabilidad de vigilar en qué se usarán esos 3.6 mil millones de pesos. No vamos a permitir que desaparezcan ni que se desvíen sin explicación”, indicaron voceros de los grupos ciudadanos.
