El pasado viernes, el gobierno de Estados Unidos anunció sanciones directas contra el presidente de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, bajo acusaciones de tráfico ilícito de drogas.La medida fue emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro e incluye también a su esposa, su hijo y varios de sus asociados.
De acuerdo con el comunicado oficial, las sanciones se amparan en la orden ejecutiva 14059, que permite castigar a personas extranjeras vinculadas con el narcotráfico a nivel global.
LO ACUSAN DE PERMITIR FORTALECIMIENTO A CARTELES
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, justificó la decisión con un mensaje contundente:
“Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”.
Bessent acusó a Petro de ser un facilitador del narcotráfico, señalando que su administración ha permitido el crecimiento de los cárteles y ha sido omisa en frenar la producción y exportación de cocaína.
El Tesoro también criticó las declaraciones del mandatario colombiano, quien en el pasado comparó el consumo de cocaína con el de whisky, calificándolas como una “frívola comparación”.
Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína
Estados Unidos reiteró que Colombia continúa siendo el principal productor y exportador mundial de cocaína, la cual es adquirida por cárteles mexicanos para su distribución en territorio estadounidense.
El gobierno norteamericano señaló que el programa de “paz total” impulsado por Petro —que otorga beneficios a organizaciones ilegales para lograr su desmovilización— ha derivado en niveles récord de cultivo de hoja de coca y producción de cocaína.
CONSECUENCIAS: BIENES BLOQUEADOS Y SANCIONES FINANCIERAS
Con esta medida, todos los bienes e intereses financieros de Gustavo Petro, su familia y los asociados designados quedan bloqueados en Estados Unidos, además de prohibirse toda transacción con ciudadanos o empresas estadounidenses.
El Departamento del Tesoro advirtió que cualquier incumplimiento de estas disposiciones podría derivar en sanciones civiles o penales.
La sanción contra un presidente en funciones marca un precedente diplomático sin precedentes en la relación entre Washington y Bogotá, que históricamente ha sido uno de los principales aliados de Estados Unidos en América Latina.
