El Gobierno de México oficializó la eliminación de las llamadas “pensiones doradas” tras la publicación del decreto en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF). La reforma modifica el artículo 127 de la Constitución para establecer límites a las jubilaciones y pensiones de servidores públicos.
La reforma establece que ninguna pensión de altos mandos podrá exceder el 50% de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo Federal. Esta medida aplica a funcionarios de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas, fideicomisos y entidades de los tres niveles de gobierno.
Asimismo, se precisa que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor a la del Presidente, ni igual o superior a la de su superior jerárquico, salvo excepciones justificadas por especialización o condiciones laborales.
AHORRO ESTIMADO DE 5 MIL MILLONES DE PESOS
La iniciativa, enviada en febrero por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca generar un ahorro aproximado de 5 mil millones de pesos. Estos recursos serán destinados a los Programas para el Bienestar.
La mandataria subrayó que la reforma no afecta a trabajadores con contratos colectivos, sino exclusivamente a altos funcionarios que actualmente reciben pensiones elevadas con recursos públicos.
El decreto excluye de este límite a las Fuerzas Armadas, así como a las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias a sistemas de retiro individuales, fondos sindicales y la pensión no contributiva establecida en la Constitución.
Aplicación y ajustes obligatorios
A partir de su entrada en vigor —un día después de su publicación—, todas las pensiones que no estén dentro de las excepciones deberán ajustarse al nuevo límite, incluso aquellas que ya estaban vigentes.
Sin embargo, los haberes de retiro otorgados bajo el marco constitucional previo se respetarán en los términos en que fueron reconocidos.
CONGRESO TENDRÁ 90 DÍAS PARA ARMONIZAR LEYES
El decreto establece que el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales tendrán un plazo máximo de 90 días naturales para adecuar sus marcos jurídicos conforme a la reforma.
Además, se precisa que la implementación no implicará ampliaciones presupuestales ni incrementos en el gasto operativo o de servicios personales, ya que deberá cubrirse con los recursos ya aprobados.
Con esta reforma constitucional, el gobierno federal busca eliminar privilegios en el servicio público y establecer un tope claro a las pensiones de altos funcionarios, en línea con su política de austeridad.
