Por Jorge Evia Ramírez
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Por instrucciones de Andrés Manuel López Obrador, desde el sábado 7 de octubre del año en curso, el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México (AICM) quedó sectorizado a la Secretaría de Marina (Semar).
No obstante lo anterior, el Vicealmirante Piloto Aviador retirado, Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño ya había sido designado Director General del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México desde el 7 de julio de 2022.
De acuerdo a declaraciones del Vicealmirante en retiro, dos de sus objetivos fundamentales como Director General serían que todo acto de autoridad estuviera investido de legalidad y terminar con la burocracia en el AICM para mejorar los beneficios a favor de los usuarios del aeródromo capitalino.
A 17 meses de haber dado inicio la administración de Velázquez Tiscareño, sus funcionarios no han entendido que la legalidad es el valor que nos permite, tanto a la población en general como a gobernantes, vivir en un clima de justicia y bajo el imperio de la ley, observando en todo momento los derechos humanos y velando por la dignidad de todas y todos.
Las autoridades aeroportuarias han emprendido una serie de acciones en contra de Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre, Sitio 300, A.C. por supuestos adeudos pero que en realidad, se han convertido en actos de autoridad carentes de elementos y contrarios a los presupuestos establecidos por la norma jurídica ante lo cual, dichas determinaciones se encuentran viciadas, en virtud de lo cual jurídicamente y de explorado derecho tales vicios tarde que temprano serán causas potenciales de su invalidez, aunado a los daños y perjuicios ocasionados.
El principio de legalidad, o también conocido como primacía de la ley, se define como la prevalencia de la ley ante cualquier otra actividad o acción que posee el poder público. Es decir, todo lo que emane de un Estado debe estar regido por ley y no por la voluntad de las personas que habitan en esa sociedad.
Las autoridades aeroportuarias han venido realizando una serie de diligencias supuestamente para la verificación de Tarjetas de Identificación Aeroportuarias (TIA) en diversos puntos de venta que según el criterio del personal bajo el mando del Vicealmirante operaban ilegalmente el Sitio 300 A.C.
Ojalá y alguien le explique al Director General de AICM que para el caso de que una de las partes contratantes incumpla con sus obligaciones contractuales faculta a la otra para exigir la ejecución forzosa o la rescisión del contrato, más el pago de una indemnización y el pago de los daños y perjuicios causados y en el caso de Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre, Sitio 300, A.C. existen contratos celebrados entre el aeropuerto y el sitio de taxis por cada uno de los puntos de venta y además, fueron exhibidas las garantías en cada uno de ellos.
La Marina tiene como función principal salvaguardar la vida humana en la mar y en las aguas interiores, mediante operaciones de búsqueda, rescate y salvamento en las aguas marinas nacionales e internacionales y en todas aquellas en las que el Mando Supremo lo ordene.
Asimismo, la Secretaría de Marina-Armada de México tiene como misión: “Emplear el Poder Naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país”
El AICM es considerado una instalación estratégica para la seguridad nacional. Su objetivo principal es proteger a pasajeros, tripulaciones, personal de tierra, aeronaves y aeropuertos contra actos de interferencia ilícita.
No obstante lo anterior, las operaciones de vigilancia, inspección, apoyo y control en el recinto aeroportuario para neutralizar el tráfico de armas, drogas, divisas, mercancía ilegal y evitar el tráfico de personas, en coadyuvancia con las autoridades fiscales, aduanales y de migración (tanto en el área de migración como en el manejo de la seguridad operacional del aeropuerto) se han visto se han visto mermadas ante el inusual otorgamiento de Tarjetas de Identificación Aeroportuaria por parte de la Gerencia de Identificación Aeroportuaria sin cumplirse los requisitos para su expedición y control.
Prueba de ello, se puede observar a simple vista en las áreas de periferia, ambulatoria, plataformas y sala de monitor, así como en los puntos de venta de los servicios de transportación terrestre en donde incluso existes Tarjetas de Identificación Aeroportuaria tramitadas por otros Sitios de Taxis aún y cuando la venta sea para otra empresa.
De conformidad a lo dispuesto por el Artículo 3º de la Ley de Seguridad Nacional, se debe entender a ésta como las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país; a la preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; a el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno; al mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, y la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes.
Si la Marina al frente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México desconoce la vigencia de las Tarjetas de Identificación Aeroportuaria expedidas por ellos mismos, si desconoce la utilización que se les están dando y además; pasan por alto que el Ejecutivo Federal invocó razones de seguridad nacional para entregarles el aeródromo capitalino, estamos mal.
Se justificó dicha determinación bajo el falso argumento de que “la seguridad de los aeropuertos es un desafío que se maximiza en un contexto de capacidad limitada. En las terminales se prestó un servicio con deficiencias y con áreas y equipamiento mal aprovechados, lo que generó vulnerabilidades que propiciaron actos de interferencia ilícita. Asimismo, a pesar de contar con sistemas para monitorear amenazas y riesgos en el área operacional, los reportes recogidos no eran atendidos con prontitud, la seguridad de las operaciones y el cumplimiento de la normatividad en la materia era nula”.
Con la Marina en el AICM, estamos peor que antes. Los casos serán tratados y expuestos en las próximas colaboraciones.
