Por Jorge Evia Ramírez
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La protección de datos personales es un derecho humano, reconocido en el Artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de estos, así como a manifestar su oposición.
En México, el derecho a la protección de datos personales se encuentra regulado en diversos ordenamientos según el ámbito de que se trate. Por lo que se refiere al ámbito privado tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), mientras que en el sector público existe la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO). Con la entrada en vigor de esta última normativa, las leyes de ambos sectores (público y privado) establecieron una serie de principios con las reglas y obligaciones que rigen el tratamiento de datos personales por parte del responsable.
Por tratamiento de datos personales se entiende cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas sobre datos personales o conjunto de datos personales, mediante procedimientos manuales o automatizados relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, estructuración, conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo, interconexión, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia, supresión, destrucción o disposición de datos personales.
El sábado 26 de enero del año en curso en un hecho sin precedentes, se dio la filtración de toda la base de datos del Sistema de Acreditación de Prensa de la Presidencia de la República y empezaron a circular en las redes sociales las credenciales de elector, los pasaportes, las claves del Registro Federal de Contribuyentes y los correos electrónicos de los periodistas que en algún momento han asistido a la conferencia presidencial.
Lo más grave de la situación, ha sido el silencio de Jesús Ramírez, en su carácter de coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República.
Entre el gremio periodístico existe profunda preocupación y han externado su temor por todas las horas en que sus datos personales (que incluyen sus domicilios y números de teléfonos) estuvieron expuestos.
La preocupación de los periodistas no sólo es por su integridad personal, sino por lo que le pudiera ocurrir a sus familiares.
En la mañanera de este lunes 29, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador afirmó que fue “hackeo” no filtración
Durante dicha conferencia matutina, los periodistas cuestionaban al mandatario si ese ataque no los ponía en riesgo, a lo que el Presidente aseguró que tuvo como fin “tratar de sembrar la idea de que su Gobierno persigue y es dictador”.
Ante ello, agregó, es necesario investigar quién realizó esta acción, realizar un informe sobre ello y castigar a quién sea culpa sin importar quién sea.
“O fueron muy buenos los hackeadores… nuestros adversarios tienen mucho dinero y pueden contratar a los delincuentes en esta materia…todo va a ser así”, apuntó López Obrador
Un hackeo es un proceso que consiste en obtener acceso a sistemas informáticos, cuentas personales, dispositivos digitales o redes de ordenadores. Para lograrlo, los hackers usan diferentes técnicas como aprovecharse de la vulnerabilidad en el software, el uso de contraseñas débiles y la ingeniería social para obtener información confidencial.
Además, es una actividad que va relacionada con el spam y el uso de linkbuilding negativo.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los hackeos a instituciones públicas se han dado de manera continua, siendo los mas graves por la información obtenida y difundida los casos del Ejército, la Lotería Nacional (Lotenal), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT), así como la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
La Presidencia de la República se comprometió en dar a conocer un reporte sobre la base de datos filtrada y además, que la Secretaría de Gobernación dará acompañamiento a las personas que vieron filtrados sus datos. Pese a que el Presidente aseguró que esta información está resguardada, no se compartió información adicional sobre la forma en la que se protegen estos datos.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador será recordado como el más hackeado por ciberdelincuentes.
En noviembre de 2019 ocurrió el primer evento de la 4T, cuando Pemex sufrió un ciberataque que afectó a 5% de sus sistemas administrativos.
En junio de 2021, la Lotería Nacional de México sufrió un ciberataque en el cual un grupo de hackers conocido como Avaddon, secuestró información relacionada con finanzas y convenios de la institución.
En octubre de 2022 fue el turno de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, víctima de un ciberataque. Tuvo que suspender plazos y términos de diversos trámites y licencias de la propia institución y de la Agencia Federal de Aviación Civil, entre el 24 de octubre y el 31 de diciembre de 2022, para salvaguardar sus sistemas e información.
El gobierno todavía no se recuperaba de ese tercer ataque cuando en noviembre de 2022, el colectivo Guacamaya hackeó los servidores de la Sedena y logró obtener seis terabytes de información confidencial.
En abril de 2023 se reveló otro ciberataque a la Comisión Nacional del Agua, el cual también afectó al Servicio Meteorológico Nacional. Conagua suspendió los términos y plazos de los procedimientos de la dependencia.
Estos cinco ciberataques fueron los más mediáticos, pero no los únicos. Otras instituciones del Estado mexicano como las secretarías de Economía, del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Nacional de Migración, la Condusef, el Banco de México y el Buró de Crédito ya fueron vulnerados.
La Organización Artículo 19 afirmó que el último hackeo vulnera no solo la dignidad e intimidad de periodistas, sino también su seguridad física, sobre todo cuando México es uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo y que ya contabiliza 163 asesinados, entre ellos 5 mujeres, así como 32 desaparecidos.
