Cerca de 935 candidatos han renunciado a sus aspiraciones políticas en los estados de Chiapas y Michoacán, marcando una crisis política en el contexto de las elecciones de 2024.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha emitido una alerta crítica, designando a Chiapas como un foco rojo en el actual proceso electoral. La creciente inseguridad ha llevado al INE a solicitar apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para asegurar la realización de las elecciones en el estado.
La ola de violencia ha impactado profundamente la política local, con 515 renuncias de candidatos a puestos locales en Chiapas, tras una serie de ataques que lamentablemente han cobrado la vida de 15 personas. La incertidumbre reina mientras el Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas trabaja para determinar cuántas de estas candidaturas serán reemplazadas.
Michoacán enfrenta desafíos similares, con 420 renuncias de candidatos, de las cuales solo 353 han encontrado sustitutos. Esto deja 67 vacantes en un escenario donde la violencia ha forzado al INE a cancelar la instalación de casillas electorales y ha empujado a varios partidos a retirar sus candidaturas, cediendo ante la presión del crimen organizado y la falta de garantías para campañas seguras.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) está considerando la anulación de las elecciones en cuatro municipios de Michoacán, ante la imposibilidad de realizar campañas libres y la influencia del crimen organizado. Esta situación de incertidumbre y temor amenaza la integridad del proceso electoral.
Con 1,337 cargos locales en juego en Michoacán y un número aún por definir en Chiapas, las autoridades electorales y el gobierno federal se esfuerzan por restablecer la confianza en el sistema electoral y garantizar la seguridad del proceso. Sin embargo, la sombra de la violencia continúa amenazando la democracia en estos estados, presentando un desafío significativo para la estabilidad política y la confianza ciudadana en las instituciones.
