Por Aldo San Pedro
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Apreciable lector(a)
Es probable que haya escuchado en los medios de comunicación sobre la reforma al Poder Judicial, una modificación a la Constitución que muy probablemente será aprobada en septiembre de este año por diputados y senadores de Morena y sus partidos aliados, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. La pregunta es: ¿conoce usted, en términos sencillos, las características y alcances de esta reforma?
Primero, es importante saber que actualmente existe una ley que regula el funcionamiento del Poder Judicial. Esto incluye a ministros, magistrados y jueces, quienes trabajan en diferentes niveles del sistema judicial para asegurar la correcta aplicación e interpretación de la ley, la protección de los derechos humanos y la resolución de controversias en el ámbito federal y local.
El debate sobre una nueva reforma toma relevancia en el contexto de las elecciones del pasado junio, donde el resultado de la votación le permite a Morena y sus partidos aliados alcanzar una mayoría en el Congreso, dándoles la posibilidad de modificar la Constitución. Sin entrar en detalles técnicos, podrán hacer estos cambios una vez que los nuevos legisladores tomen protesta en septiembre, ya que todo apunta a que tendrán con facilidad una mayoría de dos terceras partes en las Cámaras de Diputados y Senadores. Esto permitirá ajustar el marco legal que regula el funcionamiento del Poder Judicial, incluyendo cambios en la forma de elección de los ministros y en la estructura interna del tribunal.
Como dijo Montesquieu: «Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa.» Esta reflexión es crucial al considerar la reforma del Poder Judicial en México, ya que cualquier cambio debe orientarse no solo a cumplir con los requisitos legales, sino a garantizar un sistema más justo y equitativo para toda la ciudadanía.
Diversas voces de la sociedad civil, el sector empresarial, asociaciones e incluso algunas voces desde el extranjero han expresado opiniones sobre los beneficios y riesgos de esta reforma. Según datos del INEGI, específicamente de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2023, el 58.3% de la población mayor de 18 años considera efectiva la labor de jueces, en comparación con una aprobación del 87.8% para la Marina. Además, existen 57,061 causas penales pendientes de concluir en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2023, lo cual subraya la necesidad de una reforma.
En junio y julio, se llevaron a cabo mesas de discusión en diversos foros donde se debatieron las bondades y riesgos de esta reforma. La mayoría podemos coincidir en que el actual modelo de justicia en nuestro país debe mejorar, ya que ha limitado el acceso a la justicia para muchas mexicanas y mexicanos. Por tanto, una reforma al Poder Judicial es necesaria. Según el Índice Global de Estado de Derecho 2023 del World Justice Project, la puntuación global de México en Estado de derecho ha descendido un 1.3% en la edición de este año, ocupando el puesto 116 de 142 países de todo el mundo, reflejando la necesidad de cambios estructurales en materia judicial.
Es probable que en octubre de 2024 tengamos una nueva reglamentación en el funcionamiento y organización del Poder Judicial. Destaca la selección de ministros, magistrados y jueces mediante elección popular. Esta modificación se realiza con la intención de mejorar el modelo de justicia, y esperamos que entregue resultados positivos en sus primeros años de implementación.
Sin embargo, la reforma debe verse como un engranaje en el modelo de procuración de justicia de nuestro país. Con esta nueva realidad, los ministros, magistrados y jueces serán más observados en sus resoluciones. Pero también será crucial reforzar a la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales. No servirá de nada tener jueces vigilados por la opinión pública si los ministerios públicos no logran entregar expedientes mejor integrados que ayuden al juez a interpretar ágilmente y en favor de la justicia.
Estamos al inicio de una era que esperamos pueda entregar a nuestras hijas e hijos un modelo de justicia en el que la impunidad, el tráfico de influencias y la lentitud de los procesos administrativos disminuyan, y podamos avanzar hacia un país con un mayor estado de derecho.
