Por Ariel Abad
Una de las bases fundamentales para proteger el territorio, el medio ambiente y la naturaleza que lo compone es, esencialmente, conocer. ¿Qué tanto sabemos sobre las especies que habitan nuestro entorno? ¿Sobre los beneficios que los ecosistemas sostienen silenciosamente todos los días? Y, quizá más importante, ¿qué tanto entendemos los procesos institucionales que existen detrás de las decisiones ambientales que lo transforman?
Como ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, (SEMARNAT), difundió el diseño del boleto conmemorativo de la Lotería Nacional en el marco del próximo 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. En términos de comunicación pública, representa una estrategia positiva: colocar el tema ambiental en espacios de alta circulación simbólica y cultural. Sin embargo, la reacción social alrededor de este tipo de acciones suele revelar algo más profundo. Mientras las instituciones presentan campañas de sensibilización o ejercicios de difusión, gran parte de la ciudadanía continúa exigiendo respuestas más claras frente a problemáticas ambientales concretas: devastación territorial, autorizaciones de impacto ambiental, megaproyectos, contaminación, pérdida de biodiversidad o conflictos socioambientales.
El problema no necesariamente es que exista una campaña de comunicación institucional; el problema aparece cuando la narrativa pública parece desconectarse de las preocupaciones que socialmente generan incertidumbre o enojo. Ahí es donde emerge una distancia importante entre el lenguaje institucional y la exigencia de la ciudadanía.
De igual manera, el día martes 26 de mayo la misma dependencia presentó una estrategia importante a mi parecer: el primer Grupo Sectorial de Información Ambiental (GSIA), el cual busca construir conocimiento para fortalecer la política ambiental desde información más integrada y técnica. Y me parece relevante ya que, en este contexto de creciente tensión socioambiental, generar datos y coordinar información es indispensable; sin embargo, el verdadero desafío será lograr que ese conocimiento también se traduzca en comunicación pública clara, confianza social y una ciudadanía que entienda cómo y por qué se toman las decisiones sobre el territorio.
Dos formas de comunicación institucional casi opuestas, a mi parecer, pero que permiten entender la distancia que intento ejemplificar. Para nutrir un poco más este fenómeno, recordé el libro Pacifismo, ecología y política alternativa, del filósofo español Manuel Sacristán Luzón en donde reflexionaba sobre cómo muchas veces las estructuras institucionales y las demandas sociales avanzan en direcciones distintas. No porque necesariamente exista mala intención, sino porque frecuentemente los procesos técnicos, administrativos y políticos terminan comunicándose en códigos inaccesibles para la mayoría de las personas. La gestión ambiental se vuelve entonces un lenguaje burocrático que rara vez logra traducirse en confianza pública.
Y quizá ahí está uno de los principales desafíos contemporáneos de la comunicación ambiental institucional en México, no basta únicamente con informar, también es necesario explicar. Explicar cómo se toman las decisiones, cuáles son los procesos de evaluación, quiénes participan, qué límites existen, qué riesgos se identifican y cómo se construyen las medidas de mitigación o regulación.
Muchas veces las instituciones comunican el resultado, pero no el proceso. Y cuando el proceso desaparece del discurso público, el vacío suele llenarse con desconfianza. Esto no significa minimizar la importancia de campañas simbólicas como la del boleto conmemorativo. Al contrario, los símbolos importan. La cultura ambiental también se construye desde la representación, desde la memoria colectiva y desde los mensajes cotidianos que posicionan ciertos temas en la conversación pública. Pero una estrategia de comunicación ambiental difícilmente puede sostenerse únicamente en lo simbólico si no va acompañada de una narrativa más transparente sobre las problemáticas que la sociedad vive y observa diariamente.
En muchas ocasiones, la ciudadanía no exige únicamente soluciones inmediatas; exige sentirse escuchada. Exige comprender qué ocurre con su territorio y por qué ocurren determinadas decisiones y, sobre todo, exige que la comunicación ambiental deje de sentirse unilateral.
Cuando las personas no entienden los procesos, la distancia institucional crece. Y cuando esa distancia crece, también se fractura la posibilidad de construir gobernanza ambiental real. La sostenibilidad no depende solamente de políticas públicas o regulaciones técnicas. También depende de la capacidad de construir confianza social alrededor de ellas, y la confianza, inevitablemente, pasará por el lenguaje.
Quizá el reto para las instituciones ambientales no sea únicamente comunicar más, sino comunicar distinto: menos desde la formalidad aislada y el resultado del trabajo de oficina, sino más desde la cercanía social, menos desde el anuncio y más desde la explicación. Entender que la construcción de una confianza institucional en materia ambiental deberá partir del lenguaje, nos ayudará a proteger y cuidar el territorio, escucharnos a todas y todos, y ser conscientes de la responsabilidad tan grande que tenemos.
