El mandatario Julio Menchaca Salazar, a través del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028, y con el acuerdo transversal por la transparencia y rendición de cuentas, busca desterrar la corrupción en todas sus formas.
Ante ello, la Secretaría de Contraloría bajo la dirección de su titular Álvaro Bardales Ramírez, y la Dirección de Órganos de Control y Vigilancia, liderada por Fernando Barragán Pulido, han instruido a los contralores y comisarios eliminar cualquier rasgo que vaya en contra de la transparencia, honestidad y óptima rendición de cuentas, presente en los entes gubernamentales y/o públicos.
En este sentido, y desde el pasado mes de septiembre hasta hoy, los Comisarios Públicos atendieron 84 sesiones ordinarias donde se revisaron y supervisaron las carpetas ejecutivas previas a la cuarta sesión ordinaria del ejercicio fiscal 2022, al tiempo de dar seguimiento al presupuesto de ese período.
También asistieron a 176 sesiones extraordinarias, donde analizaron la información de los estados financieros y adecuaciones presupuestarias correspondientes al tercer trimestre y previas al cierre del ejercicio 2022, de las entidades paraestatales.
Cabe destacar que durante el mes de enero del presente año, se convocó a sesiones extraordinarias para el análisis y revisión de los anteproyectos y presupuesto de egresos para el ejercicio 2023; se impartieron asesorías en temas de presupuesto, armonización contable y normatividad aplicable para detectar áreas de oportunidad y fortalecer el buen funcionamiento de los organismos y garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos.
También se abordaron conforme lo establece la ley, temas que en la administración pasada no se atendieron de manera oportuna.
Cabe recordar que es obligación política, ética y moral del gobierno, asegurar que la información pública sea puesta a disposición de la ciudadanía, ya que es su derecho tener acceso a los datos gubernamentales.
Es importante tener en cuenta que el comisario público analiza las formas en que los objetivos se alcanzan, así como la manera en que las actividades básicas se realizan bajo el marco legal, principios de legalidad, racionalidad, austeridad, eficacia, eficiencia y transparencia.
Mientras que el contralor interno, desde su enfoque preventivo, vigila la implementación del Sistema de Control Interno Institucional, dando un efectivo seguimiento a sus procesos, en apego a la normatividad y mediante una identificación efectiva y oportuna en su administración de riesgos.
Es así que para la actual administración estatal, incluida la Secretaría de la Contraloría, es de suma importancia trabajar y cumplir los objetivos planteados en la materia, por ello ha colocado los derechos de la ciudadanía como el núcleo de toda acción pública y enfatiza en la nueva relación del pueblo con su gobierno.
