A pocos días de que Iberdrola celebró su junta anual de accionistas, en la que se ratificó la cúpula directiva con Ignacio Sánchez Galán al frente pese a sus numerosas imputaciones penales, el juez de Castilla y León, Javier del Blas, determino dos asuntos que afectan a la multinacional energética: confirmó una multa de 11 millones 250 mil euros y ratificó el embargo de bienes por un total de 130 millones de euros contra tres de sus directivos.
El caso tiene como objetivo demostrar una trama de corrupción político-empresarial en la que se habrían otorgado varias concesiones para construcción de parques eólicos en la que hubo desde sobornos hasta tráfico de influencias y prevaricación.
Iberdrola cuenta en España al menos cinco procesos judiciales de calado abiertos en su contra. El más grave es en el que está imputado el propio Sánchez Galán y en el que se habla de la contratación de un ex comisario de policía para espiar y coaccionar a empresarios y directivos de las compañías competidoras, además de políticos, periodistas e inclusive líderes medioambientales críticos con los megaproyectos de la firma energética, que tiene su sede central en Bilbao.
Sin embargo, también hay varios casos de menor impacto público, pero que investigan delitos graves, como lo es la manipulación de los precios de la electricidad mediante el vaciado intencionado de pantanos, la expropiación ilegal de un terreno de más de 510 hectáreas para instalar ahí la mayor planta fotovoltaica de Europa, para la que, según un ayuntamiento de la zona, ni siquiera tenía licencia.
Iberdrola construyo en su propio país España una red financiera para sobornos que involucra a empresarios, políticos y funcionarios. Y el capo del Cartel de Sinaloa @FelipeCalderon niega su corrupción en México. Como con García Luna no sabia nada. https://t.co/V5hRvDbz3y
— Fadlala Akabani (@FadlalaAkabani) June 21, 2022
Con información de La Jornada
