Diputados preparan dictamen para frenar impugnaciones a la reforma judicial

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se declaró en sesión permanente con el propósito de discutir este lunes un dictamen que busca anular el juicio de amparo y las acciones de inconstitucionalidad contra reformas a la Constitución. 

La propuesta ha suscitado tensión y críticas por parte de la oposición, quienes consideran que la medida representa un peligro para los derechos de impugnación en el país.

Durante la sesión preliminar del pasado domingo, la comisión aprobó únicamente el orden del día y el proyecto de dictamen que el Senado había enviado días antes. 

En el documento, la Comisión de Puntos Constitucionales argumenta que el sistema constitucional mexicano no contempla la posibilidad de impugnar reformas a la Constitución, y asegura que esta propuesta busca aclarar ese aspecto.

El trámite inicial de la comisión tomó una hora, pero enfrentó complicaciones debido a un error administrativo, que impidió a los partidos emitir sus opiniones antes de la votación del orden del día.

EL DICTAMEN SE LLEVARÁ A CABO ESTE LUNES 

A pesar de la tensión generada, el presidente de la Comisión, Leonel Godoy Rangel, de Morena, aseguró que el debate formal sobre el dictamen se llevará a cabo hasta el lunes a las seis de la tarde. Tras este compromiso, Rubén Moreira, coordinador del PRI, afirmó que la aclaración había disminuido la tensión en la sesión.

Sin embargo, la oposición mostró escepticismo ante la premura con la que Morena ha impulsado reformas constitucionales. 

LA OPOSICIÓN CREE QUE HAY PRISAS SOSPECHOSAS

Noemí Luna, coordinadora del PAN, calificó esta legislatura como la más acelerada en modificaciones desde 1917 y señaló que el proyecto a debatir es el más “peligroso” hasta la fecha. 

Según Luna, la actual administración ha realizado 88 reformas a la Constitución, 30 de ellas en el último mes, sin contar con la instalación formal de esta comisión.

La reforma propuesta modifica los artículos 105 y 107 de la Constitución, y según la oposición, representa una amenaza a la estructura republicana al limitar la capacidad de impugnación de los ciudadanos y las instituciones.

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