El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) propuso una reforma a la Ley General de Salud para integrar la inteligencia artificial (IA) en los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud.
La iniciativa busca mejorar la calidad de la atención médica, ampliar la cobertura, y garantizar seguridad, precisión y privacidad en los tratamientos y diagnósticos, esta reforma plantea que los desarrolladores de sistemas de IA deben garantizar la protección de datos personales sensibles y registrar sus tecnologías ante la autoridad sanitaria.
La Secretaría de Salud será responsable de regular el desarrollo, uso, y supervisión de estos sistemas en el ámbito sanitario, asegurando que operen bajo estándares éticos y de calidad.
Además, el uso de IA en la atención médica deberá estar supervisado por profesionales de la salud. Estos sistemas podrán asistir en tareas como la recopilación, análisis y diagnóstico de datos clínicos, así como la predicción de resultados y la recomendación de tratamientos. Sin embargo, la decisión final sobre su uso siempre quedará en manos de los profesionales médicos.
Un aspecto clave de la reforma es que el uso de IA en la salud deberá contar con el consentimiento informado del paciente. Este podrá decidir no ser tratado con IA, recibiendo alternativas médicas tradicionales para garantizar su derecho a la salud.
Presentamos iniciativa para modernizar el Sistema Nacional de Salud con inteligencia artificial
Buscamos incorporar la IA como una herramienta que amplíe la cobertura, mejore los diagnósticos y optimice los tratamientos médicos. La tecnología, cuando se usa con… pic.twitter.com/d82jYOf4tl
— Dr. Éctor Jaime (@ectorjaime) December 16, 2024
REGULACIONES EN LOS SISTEMAS DE IA
La Secretaría de Salud también deberá establecer mecanismos de evaluación y auditoría de los sistemas de IA para evitar riesgos para la salud pública, suspendiendo o cancelando aquellos que representen peligros.
La propuesta resalta que la IA puede optimizar la prevención y el tratamiento de enfermedades, mejorando los diagnósticos y la calidad de vida. No obstante, subraya la necesidad de una regulación clara para mitigar los posibles riesgos asociados con su implementación.