La Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma al Poder Judicial, en una sesión marcada por la polémica debido a una reserva presentada por el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna, que abre la puerta a la reelección de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El dictamen fue avalado con 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones, con lo que Morena y sus aliados alcanzaron la mayoría calificada. La reforma plantea, entre otros puntos, aplazar la elección de jueces y ministros hasta 2028, medida que aún deberá ser discutida por el Senado.
RESERVA «SORPRESA» GENERA RECLAMOS DE LA OPOSICIÓN
Durante la discusión, la reserva de Gutiérrez Luna provocó inconformidad entre legisladores de oposición, quienes exigieron que se votara por separado. Sin embargo, la mayoría decidió incluirla dentro de la votación general de las reservas, lo que generó críticas por el procedimiento aplicado en el pleno.
La diputada Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, acusó que la votación económica no fue clara y pidió repetir el proceso, aunque la Mesa Directiva mantuvo la decisión de votar las reservas en conjunto.
Reforma incluye insaculación y cambios a elección judicial
El dictamen también contempla la insaculación como mecanismo de selección entre perfiles evaluados, con el argumento de preservar la igualdad de oportunidades e impedir que grupos de interés capturen el proceso.
Legisladores de Morena y aliados defendieron la reforma como parte de una ruta para modificar el sistema judicial, mientras que la oposición advirtió riesgos para la certeza jurídica y cuestionó que la elección judicial pueda coincidir con otros procesos electorales en 2028.
En la misma sesión, la Cámara de Diputados abordó la llamada “Ley Monreal”, una propuesta para agregar una causal de nulidad electoral en casos de intervención extranjera. Ricardo Monreal defendió la iniciativa al señalar que busca impedir que actores extranjeros intervengan en los comicios mexicanos.
Además, se discutió la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, dependiente del INE, con el objetivo de revisar perfiles de aspirantes y posibles vínculos con el crimen organizado.
INE ADVIERTE RIESGOS DE PARCIALIDAD
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, cuestionó la propuesta al considerar que podría vulnerar la neutralidad e imparcialidad del Instituto, al colocarlo como “juez y parte” en la disputa política.
La oposición acusó que este mecanismo podría utilizarse para condicionar candidaturas, mientras Morena sostuvo que la medida busca blindar los procesos electorales frente a la infiltración del crimen organizado.
Tras su aprobación en San Lázaro, la reforma fue turnada al Senado de la República, donde continuará su proceso legislativo. De avanzar, los cambios impactarían el calendario de la elección judicial y las reglas de revisión de candidaturas rumbo a próximos procesos electorales.
