El alcalde de Teuchitlán, José Ascensión “Chon” Murguía Santiago, fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas. Durante una audiencia celebrada en el juzgado tercero de lo penal federal en Puente Grande, se le acusó de colaborar con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a cambio de 70 mil pesos mensuales.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó testimonios de víctimas presuntamente reclutadas a la fuerza, quienes aseguraron que Murguía no solo tenía conocimiento del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, sino que participaba activamente en las actividades ilícitas cometidas allí.
Uno de los testimonios más impactantes relató que el alcalde acudió con una bolsa negra que contenía órganos humanos, los cuales fueron incinerados en una fosa clandestina, en contradicción con declaraciones previas del fiscal general Alejandro Gertz Manero, quien había afirmado que no se encontraron restos humanos quemados en el lugar.
COLABORACIÓN DIRECTA CON LÍDERES DEL CÁRTEL
Según las declaraciones presentadas, el edil se reunía con personajes clave del CJNG en la región, como José Gregorio Lastra (“El Comandante Lastra”) y Gonzalo Mendoza Gaitán (“El Sapo” o “El 90”), este último señalado como jefe regional del grupo criminal.
También se mencionó que Murguía habría facilitado recursos municipales, como policías y armamento, para localizar personas que escapaban de los centros de reclutamiento o para capturar nuevas víctimas.
DETENCIÓN SILENCIOSA Y ESTRATEGIA FEDERAL
La FGR detuvo a Murguía el sábado por la tarde y lo trasladó a la Ciudad de México, desde donde fue regresado a Jalisco para iniciar el proceso judicial. La jueza calificó de legal su detención y dictó prisión preventiva justificada, mientras se resuelve su situación jurídica.
El arresto se ejecutó sin previo aviso a las autoridades estatales, debido a la supuesta inacción de la fiscalía de Jalisco, pese a contar con una orden de aprehensión desde el 24 de marzo.
Durante la audiencia, que duró casi todo el domingo, la FGR solicitó que se limitara la entrada al público y medios para resguardar la identidad de los testigos. Por su parte, la defensa del alcalde solicitó la duplicidad del plazo constitucional, por lo que su vinculación definitiva se definirá en un máximo de 144 horas.
