Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas, fue entregado por el gobierno de Estados Unidos a las autoridades mexicanas luego de cumplir una condena de nueve años por lavado de dinero en ese país. Funcionarios federales confirmaron que el traslado se realizó por vía terrestre a través de la frontera San Diego-Tijuana, para posteriormente ser llevado a la Ciudad de México.
Una vez en territorio nacional, Yarrington fue presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) para una certificación médica y el inicio de los procedimientos judiciales correspondientes.
ACUSACIONES EN SU CONTRA EN MÉXICO
La FGR ejerció acción penal en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La investigación se basa en una denuncia interpuesta desde 2009 por un testigo protegido, exintegrante del cártel del Golfo, quien señaló que durante su mandato como gobernador, Yarrington facilitó actividades de tráfico de drogas y realizó operaciones ilegales con recursos obtenidos del crimen organizado.
Yarrington fue arrestado en 2017 en Florencia, Italia, y extraditado a Estados Unidos en 2018. En 2021 se declaró culpable de haber recibido sobornos millonarios de grupos criminales a cambio de protección y apoyo mientras se desempeñaba como funcionario público. Fue sentenciado a nueve años de prisión y liberado anticipadamente en julio de 2024 por motivos que no se hicieron públicos.
Durante su reclusión, estuvo interno en la penitenciaría de Thomson, Illinois, una prisión de alta seguridad.
PENDIENTES JUDICIALES Y EXTRADICIÓN
El 22 de enero de 2024, la FGR solicitó formalmente su extradición. No obstante, una jueza federal devolvió el expediente a finales de ese mes, exigiendo que se corrigieran deficiencias en la causa penal. A pesar de estos obstáculos, la FGR mantuvo vigente la orden de aprehensión y finalmente concretó su entrega por parte de autoridades estadounidenses.
Las investigaciones en México apuntan a que Tomás Yarrington, quien gobernó Tamaulipas entre 1999 y 2004 bajo las siglas del PRI, tuvo nexos con el cártel del Golfo. La FGR sostiene que hay diversas declaraciones de testigos protegidos que lo implican directamente en el lavado de dinero y en la protección de actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico.
