La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, ha sido objeto de una denuncia presentada de manera anónima ante la propia dependencia por supuestamente infringir la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La denuncia se centra en la organización de una cena en diciembre del año pasado, a la que asistieron magistrados electorales, así como el líder del PRI, Alejandro Moreno.
La denuncia, presentada ante la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas el 20 de mayo, surgió luego de que Milenio revelara el encuentro bajo la justificación de resolver conflictos surgidos tras la renuncia de Reyes Rodríguez Mondragón a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Al igual que en casos previos, como la investigación relacionada con el ex presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar, esta denuncia se presentó de manera anónima.
En el documento, del cual MILENIO ha obtenido copia, se acusa a la actual presidenta de la Suprema Corte de presuntamente presionar a los magistrados electorales para asistir a la cena con la intención de influir en las decisiones electorales.
Según la denuncia, Norma Piña habría intervenido de manera indebida en el proceso electoral, buscando favorecer una candidatura partidista específica y vulnerando así la independencia, autonomía y neutralidad del órgano electoral.
La denuncia ha sido anónima.
Los denunciantes, que prefieren mantenerse en el anonimato, argumentan que Norma Piña habría violado varias fracciones del artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incluyendo la injerencia en la independencia judicial, la invasión de competencias de otros órganos judiciales, entre otros.
La Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, responsable de procesar la denuncia, está bajo la jurisdicción de la presidencia de la Corte y tiene la facultad de iniciar investigaciones administrativas conforme a las quejas, denuncias o informes presentados ante ella.
Hasta el momento, no se ha presentado ningún proyecto al pleno de la Corte para determinar el procedimiento a seguir con respecto a esta denuncia.
Además, en la denuncia se hace mención a mensajes de WhatsApp enviados por la ministra a magistrados del Tribunal Electoral, donde supuestamente intentaba influir en decisiones judiciales relacionadas con la presidencia del tribunal.
Este nuevo episodio agrega tensiones a la ya compleja dinámica entre los poderes judiciales y políticos en México, y refuerza la necesidad de una investigación exhaustiva para salvaguardar la integridad y la imparcialidad del sistema judicial del país.
