Organizaciones civiles alertaron este lunes sobre la postulación de Francisco Herrera Franco como candidato a juez federal en Michoacán, señalando su presunta relación con el asesinato de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares, del portal Monitor Michoacán, en 2022. Las ONG exigieron que se revise su candidatura de cara a las elecciones judiciales del próximo 1 de junio.
En un comunicado firmado por ocho organizaciones, entre ellas Artículo 19, Defensorxs y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, se denuncia que Herrera Franco, exfiscal regional en Michoacán (2020-2022), fue apodado «el fiscal del terror» por su historial de presuntas violaciones a derechos humanos y colusión con grupos criminales.
Las ONG mencionaron la existencia de grabaciones filtradas en las que Herrera presuntamente pacta con líderes del crimen organizado, así como acusaciones de violencia institucional contra periodistas.
Los señalamientos incluyen presuntos vínculos con la delincuencia organizada y la fabricación de delitos durante su gestión. De acuerdo con las organizaciones firmantes, también habría extorsionado a comunidades indígenas mazahuas para obligarlas a colaborar con grupos criminales, lo que provocó la formación de autodefensas y denuncias públicas en su contra.
EXIGEN QUE SE RETIRE SU CANDIDATURA
Las organizaciones urgieron al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a revisar si Herrera cumple con los requisitos constitucionales para el cargo. De no ser así, pidieron cancelar su postulación por considerarla una amenaza para la justicia y los derechos humanos.
También solicitaron a la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) asumir las investigaciones relacionadas con los asesinatos de los periodistas y los señalamientos pendientes contra el exfiscal.
CASOS SIMILARES SIN REVISIÓN
El comunicado advirtió que Herrera no es el único candidato judicial con antecedentes graves. También se han identificado otros perfiles con posibles vínculos con el crimen organizado, delitos sexuales y ataques contra la libertad de expresión, sin que las autoridades competentes realicen revisiones adecuadas.
“Como sociedad no podemos permitir que quienes cuentan con serias acusaciones de corrupción, violencia y complicidad con el crimen organizado intenten ser ahora los principales responsables de la impartición de justicia”, concluye el documento firmado por otras organizaciones como Politiklab, Laboratorio Electoral, Práctica, Mexiro y Observatorio Sonora por la Seguridad.
