Siguiendo las instrucciones del gobernador Julio Menchaca Salazar, la Secretaría de Contraloría, encabezada por su titular, Álvaro Bardales Ramírez, capacita con temas de interés para la administración pública, dirigidos a los administradores gubernamentales.
Ante ello, el pasado martes 14 de marzo, se impartió de forma virtual, la ponencia “Recursos del cinco al millar”, con el objetivo de orientar a la creación, recaudación, control, ejercicio y aplicación de los mismos.
Dichos recursos tienen su origen de acuerdo al artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, mediante el cual se estipula que los contratistas con los que se celebren contratos de obra pública y de servicios relacionados deberán realizar un pago de derecho equivalente al cinco al millar sobre las estimaciones de trabajo que se realicen.
El citado precepto establece que en caso que las entidades federativas tengan celebrado un convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal, los ingresos que se obtengan por el cobro del derecho señalado se destinarán a la entidad federativa que los recaude, para la operación, conservación, mantenimiento e inversión necesarios en la prestación de los servicios de vigilancia, inspección y control, en los términos que señale dicho convenio y conforme a los lineamientos específicos que emita para tal efecto la Secretaría de la Función Pública.
Lo anterior, se basa en los lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos del cinco al millar. Siendo cada entidad federativa quien deberá revisar de forma detalladamente, para con ello conocer que los procesos sean los que debe de continuar para los conceptos de la recaudación del ingreso y el egreso del gasto que va a tener durante el ejercicio fiscal en el que se encuentren.
Cabe señalar que tanto el recurso recaudado, así como su aplicación respectiva son desempeñados por la Secretaría de Contraloría o su equivalente en las entidades federativas, quedando a total disposición de éstas, mismas que deberán de atender la normatividad aplicable, que va desde su formulación presupuestal hasta la transparencia de los recursos.
