Un grupo de seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) ha decidido presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Su objetivo es impugnar las atribuciones otorgadas por el Legislativo a la presidencia del INE para designar directivos, así como las nuevas facultades de la Junta General Ejecutiva que permiten tomar decisiones sin la ratificación del consejo general.
En el INE, 6 de los 11 consejeros van ‘superpoderes’ de Taddei
Impulsan una controversia constitucional
Están en contra de que designe funcionarios sin los 8 votos que se necesitaban, hasta antes de las leyes secundarias de la #ReformaAlPoderJudicial pic.twitter.com/qTc50flZKR
— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 30, 2024
Los consejeros: Arturo Castillo, Carla Humphrey, Dania Ravel, Claudia Zavala, Martín Faz y Jaime Rivera; argumentan que estas reformas atentan contra la autonomía y la colegialidad del INE, poniendo en riesgo su funcionamiento y, por ende, la calidad de las elecciones en México. El documento de solicitud debe ser presentado a más tardar el 19 de noviembre.
PROGRAMAN SESIÓN EXTRAORDINARIA
Este tema será abordado en una sesión extraordinaria del consejo general, programada para este miércoles a la una de la tarde, donde los consejeros buscarán el apoyo del consejo en su impugnación. Cabe destacar que esta situación es inédita, ya que no se han presentado controversias constitucionales en el contexto actual del INE.
Las reformas impugnadas afectan artículos clave de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), que fueron modificados en el marco de la reforma judicial. Los consejeros consideran que estas modificaciones representan un retroceso en el diseño institucional del INE, afectando su pluralidad y funcionalidad.
Además, critican la eliminación del consenso requerido para el nombramiento de directores ejecutivos, lo que, según ellos, compromete el sistema de contrapesos establecido en 1993. Argumentan que esta reforma genera una antinomia entre dos artículos de la Ley y extralimita las atribuciones de la Junta, vulnerando principios fundamentales de profesionalización y colegialidad en la autoridad electoral.
La situación refleja un momento crítico para el INE y su capacidad de operar de manera efectiva en la organización de elecciones, un pilar de la democracia mexicana.
