El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ha decidido prolongar la suspensión de sesiones mientras espera una resolución definitiva del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Esta decisión se tomó tras la advertencia de un juez sobre posibles multas individuales de hasta 50 mil pesos para cada consejero, debido al supuesto incumplimiento de suspensiones judiciales relacionadas con la organización de la elección de jueces y magistrados.
Desde el regreso de sus vacaciones, los consejeros acordaron seguir sin sesionar, argumentando que han cumplido con las suspensiones desde el inicio.
#VIDEO | «No hay nada que temer», dice la presidenta @Claudiashein a los consejeros del #INE. «No hay ningún amparo que detenga la elección de juzgadores», afirmó contundente. pic.twitter.com/PIOpCFC1au
— Nacho Rodriguez (El Chapucero) (@NachoRgz) October 17, 2024
NO HAY ACUERDO DE MESAS DE TRABAJO CON EL SENADO
Hasta el momento, no se ha aprobado ni se han retomado las mesas de trabajo con el Senado, ni se ha instalado la Comisión Especial encargada de organizar esta inédita elección, en espera de una directriz clara del Tribunal Electoral.
Las tensiones se incrementaron a inicios de octubre, cuando el INE se vio atrapado entre dos órdenes contradictorias: por un lado, una reforma constitucional que les encomendaba la organización de elecciones para jueces, y por el otro, 70 suspensiones judiciales que prohibían dicha organización.
Ante este escenario, el INE optó por un receso de 15 días mientras solicitaba la intervención del TEPJF.
Durante ese periodo, se emitieron nuevas notificaciones que incrementaron la presión sobre los consejeros.
Una de las suspensiones, emitida en Colima, advertía originalmente una multa de 10,857 pesos, pero la cantidad ha escalado hasta 50 mil pesos por consejero, además de amenazar con penas de prisión y destitución si se continúa desobedeciendo.
NO HA HABIDO COMISIÓN ESPECIAL
En una reunión privada, los consejeros decidieron no instalar la Comisión Especial para la organización de la elección de juzgadores, aunque las áreas técnicas del INE seguirán trabajando en los estudios necesarios para la organización del proceso.
A su vez, el área jurídica presentará un informe detallado sobre las suspensiones judiciales, a fin de que el INE pueda protegerse legalmente y evitar posibles responsabilidades penales.
El principal reto del Consejo General es encontrar un equilibrio entre las obligaciones derivadas de la reforma judicial y las restricciones impuestas por las suspensiones judiciales.
La decisión final sobre la competencia del Tribunal Electoral para intervenir en este conflicto recae en el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien deberá determinar si el proceso electoral judicial puede avanzar o si se mantendrá suspendido conforme a las impugnaciones presentadas por el Consejo de la Judicatura.
